* Luis Camacho, responsable del área para implementar ese esquema en Guerrero, reveló que hay un atraso del 35 al 40 por ciento en diversas acciones a 5 meses de que venza el plazo para establecerlo
Jesús Saavedra
El acceso a una justicia pronta y expedita sigue siendo muy difícil de alcanzar para los guerrerenses, y los es más cuando de acuerdo al diagnóstico que tienen las autoridades, hay un retraso del 35 al 40 por ciento en materia de infraestructura y de capacitación para implementar en Guerrero el nuevo modelo de sistema de justicia penal acusatorio en los próximos cinco meses y en donde se busca proteger a la víctima y ofrecerle una justicia pronta.
Este nuevo sistema surgió de un movimiento social en la búsqueda de justicia en el país y por ello se realizó una reforma constitucional para la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, en donde se establece principalmente un nuevo modelo para sancionar y juzgar los delitos en el país, con la inclusión de juicios orales, que permiten dar celeridad a los procesos y garantizar que la víctima de un delito reciba atención plena y oportuna, algo que se ve difícil, si no imposible.
En Guerrero cambiar del modelo tradicional a ese nuevo esquema de trabajo, implica romper inercias en el Ministerio Público, en las policías que investigan el delito, ir en contra de todo un sistema arraigado en el que se pide dinero hasta para ir por una copia fotostática o para el refresco de la secretaria que va a levantar el acta de la averiguación previa o del juzgado en el que esté radicado el trámite.
A pesar de que esa reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación en junio del 2008 y en un artículo transitorio se estableció que este nuevo sistema de justicia debería estar en funcionamiento y aplicándose en toda la República a más tardar el 18 de junio del 2016, en Guerrero aún hay un rezago considerable y se trabaja a contracorriente para establecerlo en cinco meses.
Rezago, herencia del gobierno que se fue
Es público el rechazo del entonces gobernador Rogelio Ortega Martínez a la implementación de este modelo de justicia en la entidad y abiertamente en una reunión de la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago), estando en funciones, pidió se pospusiera y advirtió que en Guerrero de plano no se iba a implementar.
De ello hay constancia y también de los doce proyectos que se dejaron de promover en el gobierno de Ortega Martínez en el 2015 en materia de capacitación y de dotación de equipo tecnológico y mobiliario para el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de acuerdo con el reporte que tiene la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal a nivel federal (Setec).
El similar de ese órgano técnico federal, en Guerrero, es el abogado Luis Camacho Mancilla quien acepta que a la llegada del gobierno de Héctor Astudillo Flores, pidió un diagnóstico de “la situación en el estado y un plan de acciones estratégicas, encontramos que hay más o menos un rezago del 35 o 40 por ciento en las acciones para su implementación”.
“El 19 de junio debe estar funcionando este sistema de Justicia en todo el territorio del estado, es la instrucción del gobernador y se trabaja en una ruta crítica para lograrlo”, adelantó.
De lo único que no desentona con esta reforma federal, es el caso del eje de normatividad, “que es la expedición de leyes si se está al cien por ciento, el Congreso del Estado cumplió su parte en su momento, se modificaron doce leyes, incluida la Constitución, el Código Penal, se creó la Ley de Atención a víctimas, entre otras cosas”, añadió.
No hay CIJ en tres regiones que concentran el 65 por ciento de población
Derivado de esta reforma en el estado se debieron de haber construido siete Centros Integrales de Justicia (CIJ), donde se alojasen las salas de juicios orales, las oficinas de la FGE, de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), los Centros de Atención Temprana; no obstante solo hay operando 4 y en tres de ellos que es el de Acapulco, zona Centro y Tierra Caliente, que representan un 65 por ciento de la población guerrerense, no hay a cinco meses de que se implemente esta reforma.
Y Camacho Mancilla lo acepta en este duro diagnóstico que tiene la administración de Héctor Astudillo, “encontramos que en enero del 2016 en la región más poblada y con mayor índice delictivo como es Acapulco, no hay en funcionamiento”.
Explica que hay un CIJ en Iguala que cubre la zona Norte desde el 2014; en 2015 se echó a andar el de la región de la Costa Grande y la Costa Chica.
“Falta implementarlo en Acapulco, Centro, Tierra Caliente, que juntas estas regiones tienen más o menos un 65 por ciento de la población del estado y en donde el impacto estadístico de la comisión de hechos ilícitos es mayor”, señala.
En la Montaña no hay un edificio donde esté ubicado un CIJ, pero ubicaron las instalaciones de las Salas de Oralidad, de la FGE, en un lugar aledaño y está funcionando, “se tiene programado gestionar recursos para que en el 2016 y 2017 se cuente con un CIJ y se facilite el trabajo de las operadoras, pero sobre todo de la ciudadanía”.
Explica que para resolver el tema de la falta de un CIJ en Acapulco, el gobernador Héctor Astudillo “instruyó que lo que es el Centro de Atención Integral y Servicios a la Ciudadanía o el edificio Inteligente en Acapulco sea destinado para que ahí funcione el CIJ, para ello se harán adecuaciones necesarias, para que en forma digna y suficiente esté funcionando el CIJ, que es la región más importante y donde mayor población hay”.
En tanto que para la región Centro, asegura que este año habrá recursos para construir el edificio C en la Ciudad Judicial para que funcione un CIJ.
En Tierra Caliente hay un inmueble “que será adecuado para que el CIJ esté funcionando en Coyuca de Catalán, inicialmente se estableció que estaría en Arcelia, sin embargo con el objeto de dar cumplimiento la atención se va a promover en el Congreso del Estado que se cambie de sede; en Arcelia desafortunadamente no hay las condiciones de infraestructura para tener un CIJ”.
También rezago en capacitación
El secretario técnico estatal para la implementación de este sistema de Justicia, acepta que también en materia de capacitación hay un rezago “importante del 40 por ciento, para este año tenemos una ruta crítica de capacitación y por ejemplo el Consejo Estatal de Seguridad Pública tiene contemplado un programa de capacitación para 10 mil 600 elementos, contemplados policías del Estado, Municipales, Ministeriales”.
Luis Camacho sostuvo que la Setec, a través del ramo 4 otorga subsidios; entonces el gobierno del estado a través del TSJ, de la FGE, de la Secretaría de Seguridad Pública y el Instituto de Defensoría Pública “presentaron proyectos de capacitación para poder recibir subsidios e implementar programas de capacitación básica y especializada que incluirá agentes del Ministerio Público, agentes Ministeriales investigadores, peritos, la Unidad de Atención a Medidas Cautelares; jueces, magistrados, secretarios de acuerdo”.
Dijo que además el gobernador del estado “gestiona recursos para construir Centros de Atención Temprana en cada región donde estarían instalaciones de la FGE, de la CEAV, para ser el primer contacto del ciudadano objeto de un hecho ilícito, ahí se estaría levantando sus primeras declaraciones, se les daría atención médica y sicológica”.
Se le pregunta si es homogéneo el rezago y manifestó que con el análisis que se ha hecho, “en el Poder Judicial es el que mayor énfasis puso en el tema de capacitación a su personal y encontramos un mayor rezago en la FGE; la Secretaría de Seguridad Pública sí ha establecido programas de capacitación”.
Camacho Mancilla considera que “desafortunadamente se dejó pasar mucho tiempo, ha habido en su momento apoyos a través de la Setec y subsidios, (pero) en el 2015 se tuvieron que cancelar diversos proyectos de subsidio porque no se llevaron a cabo las acciones necesarias para implementarlos”.
Añadió que “lo que hemos detectado este subejercicio de esos doce proyectos que no se ejecutaron en su momento y que tuvieron que ser cancelados”.
Camacho Mancilla sostiene que el haber cancelado doce proyectos de subsidio “implica acciones omisivas de las autoridades para la ejecución de los proyectos, independientemente de las manifestaciones públicas que se hayan hecho (en contra de este proyecto)”, finalizó.