* El aparato estaba abandonado en un taller de Pachuca, Hidalgo, y se pagaron 3 millones de pesos por su reparación
Fernando Hernández
El gobernador Héctor Astudillo Flores entregó ayer un helicóptero a la Policía Estatal (PE), que hasta hace unos días estaba en un taller mecánico de Pachuca, Hidalgo, por una avería cuya reparación tuvo un costo de 3 millones de pesos. En un mensaje durante la entrega de equipamiento y patrullas a la Policía del Estado, el mandatario estatal dijo que “este helicóptero tenía varios meses en un taller en Pachuca, Hidalgo; pagamos su rehabilitación y ha servido en los últimos días para hacer búsquedas en el caso de Apaxtla y en el caso de Leonardo Bravo”, señaló.
Y agregó que es y será “un helicóptero exclusivamente para el servicio de la seguridad pública de los guerrerenses, no será más para el servicio de las giras del gobernador del estado”.
Cuando los reporteros lo cuestionaron sobre si se trataba del mismo aparato que fue adquirido en la administración de Zeferino Torreblanca Galindo, pero que no contaba con las condiciones óptimas de vuelo, el gobernador dijo que “no he revisado eso porque no es un asunto que tenga que ver tanto con mi gobierno, ni alguna queja al respecto”.
Añadió que “lo que conozco es que este helicóptero ya había estado funcionando, tuvo una avería y lo mandaron a un taller de Pachuca; ahí estuvo durante varios meses y se debían como tres millones de pesos por su reparación, que se pagó y está funcionando perfectamente después de los análisis que se le hicieron”.
-¿Y qué helicóptero va a usar ahora el gobernador?- se le preguntó.
-Los dos los descompusieron y lo que utilizó regularmente es el avión que está allá parado, dijo Astudillo Flores mientras señalaba una aeronave tipo Turbo Commander que estaba cerca de uno de los hangares de la pista aérea de Chilpancingo.
El helicóptero que fue entregado ayer a la Policía del Estado es un Bell Uh-1H con matrícula XC-LLK, que fue comprado de manera irregular en 2009 durante la administración de Torreblanca Galindo, y durante el gobierno de Ángel Aguirre Rivero motivó que el entonces encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ), Alberto López Rosas, presentara una denuncia que derivó en que la Contraloría General del Estado iniciara una investigación.
Una vez que concluyó la investigación la Contraloría inició el procedimiento de administración QD/PA/002/2012 en contra de los ex funcionarios José Antonio Bajos Valverde y Patricia Margarita Díaz Hernández y otros, por la compra irregular del aparato.
La compra del helicóptero de referencia no fue autorizada por el Comité de Adquisiciones del gobierno del estado por la cantidad de 37 millones 94 mil 274 pesos, sino por la cantidad de 19 millones 208 mil 590 pesos.
Las irregularidades técnicas antes citadas se encuentran validadas por dictamen emitido por perito especializado en materia de aeronáutica de la Procuraduría General de la República. Por lo anterior, se generó un daño al erario del estado por la cantidad de 37 millones 94 mil 274 pesos. Como resultado de lo anterior, la Contraloría General del estado emitió una resolución administrativa de fecha 10 de mayo del 2012, presentando la denuncia penal correspondiente, generándose con ello que la PGJE, ejerciera la acción penal correspondiente; de la cual los mencionados ex servidores públicos promovieron amparo ante la justicia federal, y en contra de la orden de aprehensión emitida por el juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Bravo, por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, desempeño irregular de la función pública y negociaciones ilícitas en agravio de la sociedad.