Jesús Saavedra

 

El nuevo Sistema de Justicia Penal tiene un plazo de siete meses para implementarse en Guerrero, puesto que debió de iniciar desde mayo pasado, pero debido a que el gobierno de Rogelio Ortega “no sólo no apoyó, estuvo en contra de esta reforma” no se ha concretado.

Lo anterior se desprendió de la reunión que sostuvieron integrantes de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Robespierre Robles Hurtado y el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, para tratar el tema del nuevo Sistema de Justicia Oral.

Robles acudió ante los diputados locales en su primer día ya como presidente del TSJ y les dio a conocer un plan de trabajo, a la par de tocar el tema de la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal, el cual debiese haber estado operando en Guerrero desde mayo pasado.

Sostuvo que va a implementar un código de ética en el TSJ “donde no se permita el tráfico de influencias, que no haya recomendados de ni un magistrado, del presidente o de otro poder”, y se comprometió a que habrá “transparencia” a través de la implementación de una Contraloría Interna.

Solicitó a los diputados su respaldo para la solicitud de Presupuesto para el Poder Judicial, “desde 2005 no hay aumento presupuestal significativo, no es por capricho es para estar acorde al servicio que debemos prestar”.

Enseguida se refirió al tema de la reunión, dijo que a la par de este nuevo Sistema se debe de atender integralmente a los ciudadanos, “no podemos tener salas de oralidad de punta y olvidarnos del ciudadano, que la justicia civil vaya de la mano de la justicia penal”.

Explicó que hasta el momento tienen un avance del 40 por ciento para implementar el nuevo Sistema y que se prevé que en junio próximo quede instalado en su totalidad para llegar a los juicios orales y que se requiere acabar de construir la Ciudad Judicial de Chilpancingo.

“Lo más importante está por ocurrir que será la construcción de la Ciudad Judicial en Acapulco donde se presenta la mayor demanda de atención de justicia, si no logramos tener instalaciones dignas en la capital y Acapulco estaríamos con un déficit en materia de la implementación de este programa”, aseveró.

Añadió que el martes próximo se firmará un acuerdo con la Federación para tener recursos e invertir en materia de infraestructura en las siete regiones, como en Tierra Caliente que falta la construcción de la Ciudad Judicial de esa región.

El secretario de Gobierno, Florencio Salazar se quejó del gobierno de Rogelio Ortega, “en Guerrero debiese haber operado desde mayo del año pasado, la administración anterior no solo no apoyo, estuvo en contra, Rogelio Ortega lo dijo en una reunión de la Comisión Nacional de Gobernadores que no se implementaba el tema y eso explica que tengamos que redoblar esfuerzos para implementar esta reforma”.

Salazar “explicó que “no se trata de abandonar el sistema tradicional, pero si no implementamos esta reforma, habrá un gasto presupuestal sumamente grave si conviven estas dos justicias; la reforma acerca el sistema a la gente, busca acelerar justicia, en penales hay personas sin sentenciar”.

Destacó que el TSJ tiene avance significativo en instalaciones, “pero hay deficiencia en la capacitación a cuerpos policiacos, fiscales, jueces, sentimos necesidad que sistema se acerque a los estudiantes a las barras de abogados para su aplicación oportuna” y anunció que en enero se iniciará una campaña para socializar este sistema de justicia oral.