Tixtla y lo que se juega en su elección

 

Noé Mondragón

 

A la elección extraordinaria que se realizará en Tixtla el próximo domingo, le anteceden hechos polémicos. Y hasta sospechosos. No solo porque los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos, boicotearon la elección del pasado 7 de junio –con la consecuente cancelación de la misma-, sino porque a diferencia de un perredista –un partido que estaba en el centro del conflicto, por haber impulsado como alcalde de Iguala, al actual presidiario José Luis Abarca Velázquez-, ganó la elección un priísta. Pero ahora sospechosamente, el PRD mete uñas y dientes en ese municipio, para ganar una alcaldía que no le fue dada en las urnas. Y eso podría esconder temor anticipado ante una eventual y definitiva, derrota electoral. Hay puntos muy elocuentes al respecto.

ELECCIÓN CALIENTE.- La coyuntura calentó la elección en Tixtla. Por varias razones: 1.- De entrada y si se mira bien, el voto de castigo en la elección del pasado 7 de junio, fue para el ex edil perredista de ese lugar, Gustavo Alcaraz. Pero, aprovechando la coyuntura de los 43 de Ayotzinapa, mucha militancia perredista se sumó deliberadamente a ese movimiento y esa presión, perdida ya, la alcaldía tixtleca. Desde luego, como una forma de asegurar una segunda oportunidad para competir. 2.- En el gobierno estatal despachaba Rogelio Ortega Martínez, cuya operación política se vio hasta cierto punto, neutralizada por las presiones de los distintos partidos políticos. Pero sobre todo, del PRI. Y la consigna –avalada por la tribu los chuchos de NI-  consistió en no meterle demasiado el pedal a esa elección que renovaría a la vez, el gobierno estatal. Hoy la situación cambió y los papeles se invirtieron. Porque la presión la tiene ahora, el gobernador priísta, Héctor Astudillo. Y es tanta, que ya cerraron filas el dirigente estatal del PRD, Celestino Cesáreo Guzmán, y la ex candidata a gobernadora y actual secretaria general de ese mismo partido  en el plano federal, Beatriz Mojica Morga. 3.- El PRD busca retener la alcaldía de Tixtla porque tiene una coartada que vender: lavar su imagen como partido, desde la cuna misma donde se originó el movimiento que desembocó en la desaparición de los 43 normalistas. Y también, por la cercanía de este municipio con la capital del estado. En ese carril, ya le echaron toda la leña al asador. Y tanto para Bety como para Celestino, representa su válvula de escape para reivindicarse de las aparatosas derrotas electorales del 7 de junio. 4.- Si se mira bien, la propaganda electoral y la guerra sucia, cambiaron radicalmente del 7 de junio, al 29 de noviembre. Si en el primer caso, se canceló la elección pretextando la desaparición de los normalistas; hoy se le endosa a la delincuencia organizada una intervención que en realidad, parece meramente discursiva y hasta simbólica. El punto es inesquivable: el actual gobierno estatal ha enfrentado verdaderos baños de sangre. Y esa variable la están aprovechando los perredistas, para llevar agua a su molino. 5.- Otro de los actores políticos que se está metiendo con fuerza en esa elección, es el ex diputado local y ex presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Bernardo Ortega Jiménez. Porque al quedarse sin nada tras concluir su periodo como legislador, es obvio que trate de asirse con fuerza a lo que venga. Tixtla es su nuevo objetivo político. De ahí la efervescencia generada. 6.- Si el PRD pierde la elección en ese municipio –como se empieza a configurar en varios indicadores-, se convertirá en otro descalabro político para el dirigente estatal, Celestino Cesáreo. Y para la propia Bety Mojica. De algún modo, se medirá otra vez, su capacidad para operar política y electoralmente. Porque los rescoldos de la elección pasada, revelan que están peleados con ellos. Tixtla es el pasaporte político de ambos personajes en la prospectiva interna del poder en ese partido. Ese es el punto.

HOJEADAS DE PÁGINA…La radical Ceteg, ya admitió que existen varias órdenes de aprehensión en contra de sus miembros más caros y distinguidos. Y se están curando en salud para venderlas después, como represión por parte del Estado. “Criminalización de la lucha social”, en su acepción sin eufemismos. A ver si es cierto que el manco brazo de la Ley los toca.