* Aseguran que el estudio que solicitaron al doctor José Torero ya evidenció “la imposibilidad” de que los 43 jóvenes hubieran sido incinerados en ese lugar “en los tiempos y circunstancias señalados en las declaraciones de varios inculpados”
Redacción
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aseguró que no es necesario hacer un nuevo peritaje “para evaluar la dinámica del fuego” en el basurero de Cocula para determinar si ahí fueron incinerados los cuerpos de los 43 normalistas desaparecidos en septiembre pasado, porque eso ya fue descartado por “el estudio solicitado por el Grupo al doctor José Torero” y que arrojó “la imposibilidad de dicha acción en los tiempos y circunstancias señalados en las declaraciones de varios inculpados”.
En conferencia de prensa que ofrecieron en la capital del país, para detallar lo que harán en los próximos 6 meses, los integrantes del GIEI señalaron sin embargo que debido a que “la PGR ha decidido” realizar un tercer peritaje, “los criterios señalados por el GIEI para ello son que los expertos seleccionados tengan el mayor nivel científico y experiencia internacional en investigaciones complejas sobre dinámica de fuego, grandes explosiones o casos de alto impacto”.
Añadieron que del listado de 9 especialistas que según la PGR participarían en dicho peritaje, “aún no se ha hecho el proceso de selección final de los expertos para participar”.
El GIEI recordó que también hizo propuestas “sobre los objetivos del peritaje, la documentación previa que debe ser utilizada, los criterios sobre el tiempo, la organización de la visita, el trabajo de campo y la realización de su informe”.
Y añadió que el Equipo Argentino de Antropología Forense “está realizando un peritaje sobre el fuego en el basurero de Cocula, mismo que deberá ser tenido en cuenta como parte de las evidencias científicas”.
Además, los expertos señalaron que “la información sobre hornos crematorios en la región es considerada clave” para la investigación, “debido a la presencia de restos humanos quemados y/o cremados en la zona del basurero de Cocula y a las bolsas encontradas en el río San Juan. Hasta la fecha solamente se ha obtenido información parcial de crematorios privados y estamos a la espera de que se complete la información sobre este tema”.
Propusieron “realizar nuevos cateos y evaluar diversos lugares, con base en la información proporcionada por las líneas de investigación propuestas, en la que se consideran trayectos y lugares a los que pudieron ser conducidos los normalistas, más allá de las fosas”:
Sobre las fosas clandestinas que han sido halladas, los expertos de la CIDH consideraron “necesario hacer un mapa” con su ubicación y “utilizar tecnología adecuada”, para lo cual, desde marzo, solicitaron “mapas satelitales y la búsqueda con tecnología LIDAR en posibles fosas y alteraciones en el terreno de Pueblo Viejo y La Parota y otras zonas”, pero “hasta la fecha estas diligencias no se han realizado”.
Consideraron urgente hacer la compilación de toda la información disponible sobre desapariciones con “la participación de organizaciones de víctimas”, porque cuentan con información relevante que es clave “para tener un plan de investigación efectivo en estas hipótesis de búsqueda”
Los expertos de la CIDH señalaron también que “los recientes hallazgos de Carrizalillo, muestran la gravedad de los casos de personas desaparecidas y fosas comunes, así como el ambiente de control y miedo en el que sigue viviendo una parte de la población en el estado de Guerrero”.
Los enviados de la CIDH elaboraron un documento sobre algunas actuaciones concretas que considera relevantes en esta etapa. Entre las nuevas líneas de investigación propuestas a la PGR y que se desarrollan en el documento mencionado están:
- a) la investigación del 5º autobús como hipótesis del caso, incluyendo asistencia jurídica internacional, identificación plena del autobús y revisión de lo sucedido con los hechos y con la omisión de los mismos;
- b) la evaluación de los datos existentes de telefonía tanto de los normalistas como de los inculpados, incluyendo las líneas de búsqueda que puedan surgir de dichas acciones;
- c) la realización de nuevas diligencias, peritajes y toma de declaraciones, entre otros;
- d) la evaluación de nuevas evidencias científicas, y el procesamiento de las ya recogidas;
- e) la investigación sobre manejo y control información del C-4;
- f) la toma de declaraciones de otros miembros de fuerzas de seguridad de la zona;
- g) agregar a la investigación los informes de inteligencia existentes;
- h) la ampliación de la investigación financiera;
- i) la evaluación de las denuncias de los detenidos sobre malos tratos y torturas siguiendo los estándares internacionales, mediante el protocolo de Estambul;
- j) la realización de una investigación más sistemática sobre los otros desaparecidos en la zona, que permita una evaluación conjunta de los casos y el modus operandi de los perpetradores.
“Todas estas líneas de investigación pueden proporcionar elementos clave para la búsqueda”, aseguraron.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes consideró que la realización de la segunda autopsia al cuerpo de Julio César Mondragón, asesinado durante el ataque a los normalistas de Ayotzinapa el 27 de septiembre, y cuyo cuerpo apareció con graves señales de tortura, puede proporcionar nuevos elementos sobre el trato sufrido, causa de muerte y los traumatismos perimortem que no fueron evaluados en la primera autopsia y cuyas deficiencias fueron señaladas en el informe del GIEI.
“El Grupo participa en la diligencia como observador del trabajo forense, colaborando en los acuerdos entre los diferentes peritos de la PGR y los especialistas del EAAF, y en apoyo a la familia. También estará presente la CNDH”, precisaron.
Añadieron que “la esperanza de los familiares es encontrar respuestas sobre los hechos vividos, contar con un estudio realizado con las condiciones adecuadas y rescatar el buen nombre de Julio César. Esto forma parte del conjunto de las garantías de investigación en este caso y constituirá nuevas pruebas para la evaluación de estos hechos atroces”, confiaron.
Los expertos insistieron en realizar entrevistas a elementos del 27 Batallón con sede en Iguala, aunque indicaron que revisarán las declaraciones que ya hicieron ante el MP, en agosto y septiembre pasado, algunos soldados.
“El GIEI tuvo conocimiento de que 10 militares del Batallón 27 de Iguala se presentaron a declarar o ampliar sus declaraciones el 26 de agosto, una semana después de que el Estado respondiera al GIEI que sólo podría realizar un cuestionario para que fuera aplicado por la PGR. No se proporcionó al Grupo ninguna información sobre la realización de estas diligencias”, expusieron.
“Posteriormente, el 11 de septiembre, después de la publicación del Informe Ayotzinapa, dos militares ampliaron sus declaraciones ante la PGR. El Grupo evaluará dichas declaraciones y tomará su decisión sobre los pasos a dar para investigar de forma efectiva los hechos siguiendo los estándares de investigación en casos de derechos humanos”, agregaron.