* El grupo de expertos presentó los acuerdos que alcanzó con el Estado mexicano en la audiencia pública de la CIDH, entre ellos, el de mantener la confidencialidad sobre nuevos hallazgos
REDACCIÓN
WASHINGTON, EE. UU.— Autoridades del gobierno de México, encabezadas por el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa Cifrián y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), acordaron que sólo el Ministerio Público podrá entrevistar a los militares del 27 Batallón de Infantería por el caso Iguala.
“Ya respondimos de manera formal y por escrito la posibilidad de estos interrogatorios (a militares), son a través del Ministerio Público. Ahora con la nueva investigación habrá todas las condiciones, como comenzamos a hacerlo ya, para revisar y analizar cuál puede ser el contenido y el formato de una diligencia con esas características”, expuso el subsecretario Campa.
La petición de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de entrevistar a los soldados sobre la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa quedó resuelta como parte de un acuerdo de diez puntos entre ambas partes.
La investigadora Angela Buitrago señaló que pese a que 16 soldados han declarado desde agosto pasado por el caso, el GIEI no ha recibido los testimonios. “Lo que no entendemos, como grupo, es por qué en el caso concreto del Batallón siempre hay una respuesta evasiva frente a la necesidad que tenemos de recibir las declaraciones”, dijo.
Previemente Buitrago aseguró que “ellos” (el gobierno) quieren interrogar al Batallón ellos mismos y no enviar preguntas, mientras que la también experta Claudia Paz señaló que solicitaron seis veces interrogar al Batallón “porque es muy importante para la investigación” y seguimos esperando respuesta.
SEIDO fuera de caso Iguala, DH de PGR a cargo
Los expertos independientes informaron que otro de los acuerdos que llegaron con el Estado mexicano fue sacar de la investigación a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
“La virtud de la transferencia es contar con nuevos ojos, con personas que toman una posición a partir de lo que se ha investigado, personas con un perfil de especialización en derechos humanos y en desapariciones”, señaló Ángela Buitrago, otra de las expertas del GIEI.
Por lo que la indagatoria quedará a cargo del subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Eber Betanzos.
El acuerdo, firmado el lunes, se presentó ayer en una audiencia pública de la comisión y tiene como uno de sus puntos principales el traspaso de la investigación de SEIDO a la subprocuraduría de DDHH de PGR.
“Asumimos que la prórroga de nuestro mandato se daría a partir del 31 de octubre por un periodo que como mínimo sería de seis meses, pero eso debe decidirlo la comisión”, explicó Carlos Martín Beristain, uno de los miembros del GIEI.
Otro punto fue la conformación de un nuevo equipo de investigación, el cual será aprobado tanto por la Procuraduría como por el GIEI.
El acuerdo también señala un nuevo peritaje de dinámica del fuego en el basurero de Cocula, integrar nuevas líneas de investigación, mantener una comunicación entre el GIEI y la PGR con minutas oficiales, reactivar la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos y mantener la confidencialidad sobre nuevos hallazgos.
Durante la comparecencia del GIEI el Estado mexicano se comprometió a incluir las observaciones del documento en la investigación que lleva a cabo la PGR.
En la presentación, el comisionado de la CIDH, James Cavallaro, preguntó al subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa, si el Estado mexicano estaba dispuesto a permitir que el GIEI interrogara a los militares del 27 Batallón del Ejército, a lo cual el funcionario respondió que eso no estaba en el acuerdo firmado y que seguían defendiendo la postura del respeto a los derechos de los militares.