* Felipe Flores buscó que un juzgado federal con sede en Morelos le otorgara un amparo para evitar ser detenido
FERNANDO HERNÁNDEZ
En abril de este año, la defensa del ex director de la Policía Municipal de Iguala, Felipe Flores Velázquez, interpuso la solicitud de un amparo en contra de las órdenes de aprehensión que pesan en su contra.
Tras los ataques contra normalistas de Ayotzinapa ocurridos en Iguala el 26 de septiembre del año pasado, el ex jefe policiaco huyó de Iguala y hasta ahora se desconoce su paradero.
En fechas recientes, la Procuraduría General de la República (PGR) ha ofrecido una recompensa de 2.5 millones de pesos para quien de información que permita la captura del exdirector de la Policía Municipal de Iguala.
En el mes de abril, la defensa de Flores Velázquez —pariente del exalcalde José Luis Abarca—, interpuso una solicitud de amparo en contra de las órdenes de aprehensión en su contra en el Juzgado Cuarto Federal con sede en el estado de Morelos. La demanda quedó radicada con el número de expediente 2455/2014.
Esa fue la última ocasión que intentaron obtener la protección de la justicia federal para su representado, porque los abogados de Flores Velázquez buscaron en más de una ocasión que el juzgado federal con sede en el estado del estado de Morelos le otorgara un amparo.
De acuerdo con información oficial a la que se tuvo acceso, la defensa de quien también se desempeñó como jefe de la Policía Montada del Gobierno del Estado buscó a finales del año pasado que el Juzgado Cuarto federal protegiera a su cliente por las órdenes de aprehensión que tiene por cumplir la Procuraduría General de la República (PGR).
El 10 de octubre del año pasado, el juzgado federal informó a los abogados que había sido aceptada la demanda de amparo que se interpuso para evitar la detención del ex director de Seguridad Pública de Iguala.
Sin embargo, el juzgado federal de Morelos aprobó un acuerdo el 26 de diciembre del 2014 en el que se indica que se negaba “la suspensión definitiva” de los actos reclamados, que en este caso consiste en la orden de aprehensión.
De acuerdo con las versiones de la PGR, fueron policías municipales de Iguala, bajo el mando de Flores Velázquez, y de Cocula los que atacaron a balazos a los normalistas y los habrían entregado a sicarios del cártel de los Guerreros Unidos, del cual formaba parte activa el entonces alcalde perredista José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, hermana de Mario, Alberto y Salomón de los mismos apellidos, fundadores de ese grupo criminal que estuvo al servicio de los hermanos Beltrán Leyva.
La fiscalía federal ha señalado que durante la administración de Abarca Velázquez la organización delictiva tuvo la capacidad de infiltrar a la corporación policiaca y hacer de ella uno de sus brazos armados.