El dirigente estatal del PRI, Alejandro Bravo Abarca, advirtió que su partido no pondrá en riesgo a sus militantes que aspiren a cargos de elección popular mientras las autoridades no garanticen condiciones mínimas de seguridad en Guerrero rumbo a las elecciones de 2027.
El también diputado local sostuvo que prácticamente todo Guerrero puede considerarse un foco rojo en materia de seguridad, por lo que exigió a los gobiernos federal, estatal y municipal asumir su responsabilidad para proteger la vida e integridad de quienes decidan participar en la contienda electoral.
“Lo primero es la seguridad de las personas”, señaló el líder priista al reconocer que la violencia continúa siendo uno de los principales desafíos de la entidad.
Aunque afirmó que la inseguridad no ha frenado hasta ahora las actividades partidistas del PRI, dejó claro que el escenario electoral genera preocupación debido a los riesgos que enfrentan aspirantes y actores políticos en diversas regiones del estado.
Por otra parte, Bravo Abarca demandó que los tres órdenes de gobierno realicen un censo urgente para cuantificar los daños provocados por el fuerte oleaje y las marejadas que han golpeado las costas guerrerenses, particularmente en Acapulco y municipios de la Costa Grande, donde cientos de negocios y familias habrían sufrido afectaciones económicas.
El dirigente señaló que sin un diagnóstico real de los daños será imposible diseñar programas efectivos de apoyo para comerciantes y prestadores de servicios que han visto comprometido su patrimonio por estos fenómenos recurrentes.
Asimismo, planteó la necesidad de impulsar un reordenamiento territorial en las zonas costeras para evitar que viviendas y establecimientos continúen instalándose en áreas vulnerables, situación que cada temporada de lluvias y marejadas se traduce en pérdidas millonarias.
La preocupación del dirigente priista también alcanzó al campo guerrerense. Alertó que la sequía y el retraso de las lluvias provocaron pérdidas importantes en cultivos de maíz, dejando a cientos de productores sin cosecha y sin mecanismos de respaldo.
Bravo Abarca responsabilizó la desaparición del seguro catastrófico y otros programas de apoyo al campo de agravar la vulnerabilidad de los campesinos, quienes actualmente enfrentan pérdidas sin contar con esquemas de protección efectivos.
Indicó que la inconformidad en el sector rural ya se está traduciendo en protestas y bloqueos, mientras que la reducción en la producción de maíz comienza a impactar el precio de la tortilla, uno de los productos básicos para las familias guerrerenses.
Respecto a la aprobación de la Cuenta Pública 2024 por parte del Congreso local, el dirigente aclaró que el respaldo otorgado por los legisladores no significa un “borrón y cuenta nueva” para las autoridades observadas.
Subrayó que las auditorías y observaciones emitidas por los órganos fiscalizadores mantienen plena vigencia y deben derivar en investigaciones y sanciones cuando existan irregularidades, independientemente de que las cuentas hayan sido aprobadas por el Poder Legislativo.