Dos ex servidores públicos y una pareja sentimental de otro servidor público de Iguala utilizaron posterior al 26 de septiembre del 2014 los teléfonos celulares de 3 de los 43 normalistas desaparecidos en esa ciudad de la zona Norte de nuestra entidad.
Así lo reveló este lunes el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el caso Ayotzinapa (Ueilca), Mauricio Pazarán Álvarez y que forma parte de las nuevas líneas de investigación del caso.
Indicó que en el trabajo que han realizado pudieron determinar que el aparato telefónico del normalista, Jorge Antonio Tizapa Legideño fue utilizado del 23 al 25 de octubre del 2014 por Mauro Antonio Mosso Benítez, quien en esas fechas se desempeñaba como policía del Estado y posteriormente fue director de Tránsito de Iguala.
Que por esas pruebas que acreditaron el uso de ese teléfono el 25 de agosto la juez Segundo de Distrito en materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, otorgó orden de aprehensión en contra de Mosso Benítez por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas en agravio de los 43 estudiantes desaparecidos, “respecto de las demás personas que utilizaron posteriormente este aparato telefónico, las investigaciones continúan”, advirtió.
El funcionario de la FGR, informó que con el análisis de las sábanas telefónicas existentes se logró identificar otro dispositivo telefónico del normalista, Jorge Aníbal Cruz Mendoza “el cual fue utilizado por un policía municipal de Iguala el día 30 de septiembre del año 2014 y posteriormente por su pareja sentimental; de las pruebas recabadas hasta el momento, se conoció que el policía municipal laboró activamente aquella noche de los hechos y esto es relevante, ya que pudo haber participado en la detención y posterior desaparición de los estudiantes”, pero no indicó si ese policía sigue en activo o está detenido.
Hay otro teléfono el del normalista, Israel Caballero Sánchez “el cual fue utilizado con posterioridad a su desaparición y hasta el momento únicamente podemos informar que este aparato fue utilizado por la esposa de un ex servidor público municipal, adscrito a la Barandilla, en funciones el día de los hechos”.
Que otra línea de investigación es la de Barandilla de Iguala y que por ello siguen tramitando la extradición del juez, José Ulises Bernabé “quien afirmó que únicamente el día de los hechos seis personas detenidas habían ingresado a esta Barandilla” y que hay testimonios que al menos 16 normalistas fueron vistos la última vez en esas instalaciones.
Dio a conocer que se detuvo a una persona, quien al momento de la desaparición era menor de edad (14 años) y se dedicaba a tareas de vigilancia de GU y detenido en abril pasado y está proporcionando “información relacionada con los hechos de la investigación, proporcionó puntos de interés para la búsqueda de indicios”.
Confirmó en la conferencia que la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Lambertina Galeana Marín y la Visitadora, Blanca Estrada Ortega son testigos colaboradores de la FGR y son quienes señalaron al ex gobernador, Ángel Aguirre Rivero de haberles ordenado la destrucción de los videos de vigilancia del Palacio de Justicia en Iguala y que pudieron haber documentado la desaparición de normalistas en el bulevar de salida a Chilpancingo.
Indicó que siguen gestionando las extradiciones del ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio prófugo en Israel; del ex juez de Barandilla, José Ulises Bernabé quien se encuentra en Estados Unidos.
Detalló que la Ueilca tiene abiertos 162 expedientes, de ellos, 60 corresponden a averiguaciones previas, 42 a carpetas de investigación y 60 a causas penales; un registro de 168 personas sujetas a proceso, de ese total, 130 personas se encuentran detenidas en prisión, 38 cuentan con una medida cautelar distinta a la prisión preventiva.
Mauricio Pazarán añadió que su “prioridad es dar seguimiento puntual a cada expediente, fortalecer las investigaciones, impulsar el cumplimiento de las órdenes pendientes y evitar que el paso del tiempo afecte ese acceso a la justicia”.
Afirmó que presentaron “resultados concretos, visibles y verificables, obtenidos dentro del marco de la ley y del debido proceso y orientados a la búsqueda de la verdad y la justicia que en el caso Ayotzinapa constituye una ineludible responsabilidad del Estado mexicano con las familias de los jóvenes desaparecidos”.