La diputada local de Morena, Marisol Bazán Fernández, afirmó que su homólogo y expresidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Guerrero, Jesús Urióstegui García, debe separarse de su curul mientras se deslindan responsabilidades por la presunta falsificación de firmas y el cobro irregular de cheques de gestión social en la LXIV Legislatura.
El caso salió a la luz tras un cotejo interno notificado a los integrantes de la bancada guinda sobre las relaciones de pagos efectuados.
“Nuestro presidente de la Jucopo, Joaquín Badillo Escamilla, nos hizo saber de este tema. Nos llegó un oficio con la relación de cheques que hemos recibido para la gestión y se nos pidió a todos los diputados de Morena dar fe de haberlos recibido. Ahí es donde algunos compañeros descubren que no les cuadran. Revisando documentación en el banco y diversas instituciones, se dieron cuenta que la firma fue falsificada. Es una realidad”, explicó en entrevista radiofónica.
Al revisar la documentación con instituciones bancarias, diversos legisladores detectaron inconsistencias entre las firmas registradas y los cobros realizados a su nombre. La diputada Guadalupe García Villalva presentó la denuncia correspondiente por la falsificación de su firma.
Bazán Fernández deslindó al partido Morena de estas prácticas:
“Quien demanda y quien da esta información es el mismo Morena. Nuestra bancada no respalda estas acciones ni va a encubrir un acto así. Morena es mucho más que una persona o un puñado de diputados”.
La legisladora aclaró que no se encuentra entre las personas afectadas por el cobro indebido, atribuyendo la situación a un criterio de selección por parte de Urióstegui y de quienes ejecutaron los cobros.
“Conmigo no se atrevió a hacerlo, porque créeme que por una firma falsificada yo hubiera salido inmediatamente a denunciarlo en medios. Las compañeras han sido más prudentes, más mesuradas, pero no es mi personalidad. No soy afectada; sin embargo, me indigna, me molesta”.
Tras analizar el tema de manera interna, los integrantes de la bancada concluyeron que “las víctimas fueron puntualmente escogidas”.
Ante los señalamientos sobre colaboradores del Congreso y la presunta vinculación de Héctor Avilés Cruz, suplente de Urióstegui, con el fraude denunciado, Bazán enfatizó que la exigencia de separación responde a una responsabilidad política:
“La realidad es que nosotros no somos la Fiscalía ni quienes para señalar culpables. Pero políticamente, lo correcto es dejar el cargo y no entorpecer las investigaciones”.
Reiteró que, desde el primer momento en que se conoció la denuncia, Jesús Urióstegui “ya debió haberse separado del encargo”.