Alexis Blancas
Nayeli Silva Peralta, trabajadora administrativa de la escuela primaria “Justo Sierra”, en esta ciudad capital, denunció presuntas irregularidades en su proceso jurídico y solicitó ser reinstalada en su centro de trabajo.
En conferencia de prensa, señaló que desde hace ocho meses inició este proceso legal, el cual —aseguró— se ha ido deteniendo debido a las influencias que tendría el director del plantel, Guadencio Martínez Valadez.
Cabe señalar que el conflicto entre la trabajadora y el directivo surgió en noviembre de 2023, cuando Martínez Valadez fue designado como director de la institución.
La trabajadora indicó que, desde ese momento, inició una campaña de desprestigio y hostigamiento laboral en su contra y en contra de su menor hijo, quien también estudia en la misma institución educativa.
Silva Peralta aclaró que las acusaciones en su contra son totalmente falsas, ya que —afirmó— nunca ha tenido ni generado conflictos con padres de familia, alumnos o trabajadores de la escuela, y sostuvo que, de ser así, ya existiría algún procedimiento legal en su contra.
La administrativa reprochó que, pese a haber presentado pruebas del abuso laboral y hostigamiento que tanto ella como su menor hijo han sufrido por parte del director, el proceso permanece estancado, presuntamente por las influencias que este tendría en la Sección 18 del SUSPEG.
La afectada señaló que su caso ya se encuentra asentado en diversas instancias, incluso ante el Ministerio Público (MP); sin embargo, aseguró que no ha registrado avances.
Silva Peralta informó que las autoridades educativas le ofrecieron ser trasladada a otro centro de trabajo para dar por terminado el conflicto, pero sostuvo que aceptar esa opción implicaría admitir hechos que no son verdaderos y que, aseguró, han sido inventados. Por ello, afirmó que llegará hasta las últimas consecuencias legales para lograr su reinstalación en la escuela primaria.
Hizo un llamado al director del plantel, Guadencio Martínez Valadez, para que se instale una mesa de diálogo público con las autoridades correspondientes, en la que ambas partes presenten las pruebas que tengan y se determine la responsabilidad de cada quien.