Diputadas y diputados de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado aprobaron el dictamen de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero, mediante el cual se transforma la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, derivado de una iniciativa remitida por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Al fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, la diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez sostuvo que esta modificación técnica y estructural define el modelo de gestión pública para la entidad. Explicó que el ajuste se alinea con las reformas aprobadas a nivel federal en materia de simplificación orgánica y reestructuración administrativa publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2024.
“Guerrero no se queda atrás. Este Congreso ya armonizó la Constitución mediante el Decreto Número 257, publicado el 21 de abril de 2026. Lo que hoy votamos es el paso que sigue y que completa esa obra: llevar el mandato constitucional a la ley que organiza el Gobierno del Estado”, expuso la legisladora durante la sesión de este martes.
Con la aprobación de este marco legal secundario, la nueva dependencia asumirá 48 atribuciones destinadas a cambiar el esquema de fiscalización hacia un modelo preventivo enfocado en la integridad pública, la evaluación del desempeño, la simplificación de trámites, la digitalización gubernamental y los datos abiertos. Asimismo, la normativa establece que los Órganos Internos de Control (OIC) pasen a depender jerárquica y funcionalmente de la Secretaría Anticorrupción y ya no de las propias dependencias a las que auditan.
Respecto a las garantías institucionales y laborales, el dictamen precisa que se mantienen vigentes los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, al tiempo que se estipula el pleno respeto a los derechos, antigüedad y prestaciones del personal transferido. Para concretar este proceso de reingeniería, se contempla una transición ordenada con continuidad en los expedientes en trámite y un plazo de 90 días naturales para realizar las adecuaciones reglamentarias correspondientes.