Alexis Blancas

La Secretaría de Educación Guerrero (SEG) prohibió a las escuelas públicas de la entidad condicionar la inscripción, reinscripción o permanencia de estudiantes al pago de cuotas y advirtió que los planteles o funcionarios que incurran en estas prácticas podrían enfrentar procedimientos administrativos y sanciones.

El secretario de Educación en Guerrero, Ricardo Castillo Peña, informó a través de un vídeo, que la dependencia emitió la Circular 01-26, de cumplimiento obligatorio para todos los planteles públicos del estado, luego de que en redes sociales comenzaron a difundirse denuncias de madres y padres de familia por presuntos cobros excesivos durante el proceso de inscripción y reinscripción.

El funcionario instruyó a directivos, supervisores y jefes de sector a prevenir y atender de manera inmediata cualquier irregularidad relacionada con el cobro de cuotas en los planteles educativos.

Castillo Peña aclaró que las aportaciones económicas de las familias pueden realizarse únicamente de manera voluntaria, pero advirtió que estas pierden ese carácter cuando se convierten en una exigencia o se utilizan para condicionar algún servicio educativo.

La circular también establece que las escuelas no podrán retener boletas, certificados u otros documentos oficiales por falta de pago, ni establecer cobros de cualquier tipo como requisito para acceder a los servicios educativos.

“Ninguna niña, ningún niño y ningún adolescente puede ser privado, limitado o condicionado en su derecho a la educación por razones económicas”, apuntó.

Asimismo, Castillo Peña hizo un llamado a madres y padres de familia, docentes y directivos a denunciar cualquier caso en el que se exijan cuotas obligatorias o se condicione algún trámite o servicio escolar al pago de dinero.

Además, para realizar cualquier reporte sobre este tema, la dependencia habilitó el número 800-212-0700, opción 4, así como el correo electrónico:  tudenuncia@gro.edu.mx.

Finalmente la SEG, reiteró que ninguna aportación económica puede convertirse en una barrera para que niñas, niños y adolescentes ejerzan su derecho a la educación pública.