Alexis Blancas
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” denunció el abandono en el que autoridades estatales y federales mantienen a las familias jornaleras de la región Montaña de Guerrero, luego de que más de un centenar de trabajadores partieran hacia los campos agrícolas del norte del país sin condiciones mínimas que garanticen un traslado seguro y una estancia digna.
La organización informó que el martes salió un primer contingente integrado por 117 jornaleras y jornaleros, acompañados por 51 menores de edad, de los cuales 25 son niñas y 26 niños de entre cero y 17 años.
Los jornaleros se dirigen a los estados de Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas, Michoacán, San Luis Potosí y Sonora, donde trabajarán en la cosecha de chile y tomate verde.
De acuerdo con Tlachinollan, las familias permanecieron durante horas e incluso pasaron la noche en la Casa del Campesino, en Tlapa, sin embargo , en condiciones deplorables y con servicios deficientes.
Reclamaron que el inmueble carecía incluso de gas para preparar alimentos calientes y que los colchones se encuentran deteriorados por el paso del tiempo.
La organización detalló que el 53 por ciento de las personas jornaleras pertenece al pueblo na savi, el 33 por ciento al pueblo nahua y el 14 por ciento al pueblo me’phaa, la mayoría proveniente de comunidades indígenas con alto índice de pobreza, falta de oportunidades, conflictos agrarios y distintos contextos de violencia, factores que han obligado a miles de familias a migrar cada año en busca de empleo.
Los municipios con mayor número de trabajadores que emprendieron el viaje fueron Copanatoyac, con 34 personas; Cochoapa el Grande, con 28; Tlapa, con 25; Metlatónoc, con 20; Alcozauca, con seis; Olinalá, con dos, y Tlacoapa, con una.
El Centro de Derechos Humanos advirtió que las condiciones de vulnerabilidad continúan una vez que las familias llegan a los campos agrícolas, donde los menores enfrentan limitadas oportunidades para continuar sus estudios debido a la escasez de guarderías y escuelas, mientras que los trabajadores son trasladados en unidades viejas y en malas condiciones mecánicas, lo que representa un riesgo constante de accidentes.
En ese contexto, criticaron el actuar de dependencias como la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (SEDEPIA), la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), al considerar que no han garantizado los derechos laborales y humanos de los jornaleros y sus familias.
Asimismo, reprocharon que las mesas interinstitucionales creadas tras los hechos de violencia registrados en noviembre del año pasado, cuando presuntamente integrantes de un grupo delictivo cobraron cuotas a jornaleros guerrerenses en Sinaloa, no han dado resultados concretos para proteger a quienes migran por motivos de trabajo.
Mientras el primer grupo ya se encuentra en camino hacia los campos agrícolas del norte del país, decenas de familias continúan en la Casa del Campesino de Tlapa esperando reunir los recursos necesarios para pagar su boleto y emprender el mismo recorrido.