Alexis Blancas
Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) se manifestaron este jueves, en la sede judicial de Chilpancingo, para rechazar el despido de 43 trabajadores sociales del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) en el país. Advirtieron que los recortes de personal no solo vulneran derechos laborales, sino que también ponen en riesgo el acceso a la justicia para miles de personas de escasos recursos.
La protesta fue encabezada por integrantes del Sindicato de Renovación, quienes expresaron su respaldo a los empleados cesados, entre ellos Judith Rocío Gama Escobar, adscrita a la delegación del IFDP en el puerto de Acapulco, quien acumulaba más de 15 años de servicio.
En entrevista, el delegado sindical en Chilpancingo, José Uriel Vega Sierra, señaló que, aunque los trabajadores despedidos son personal de confianza y no pertenecen al sindicato, decidieron acompañar su exigencia al considerar que los recortes podrían extenderse a otras áreas de la dependencia.
Precisó que en Guerrero únicamente fue despedida la trabajadora Judith Rocío Gama Escobar del puerto de Acapulco, quien brindaba orientación y acompañamiento jurídico a personas en condición de vulnerabilidad que requerían servicios gratuitos de defensoría.
Los manifestantes expresaron que la reducción de personal tendrá repercusiones directas en la atención que recibe la ciudadanía, ya que los trabajadores sociales y asesores jurídicos desempeñan un papel fundamental en la prestación de servicios legales gratuitos, especialmente en asuntos penales, juicios de amparo y asesoría jurídica.
Recordaron que durante la discusión de la reforma judicial se aseguró que no habría afectaciones a los derechos laborales de los trabajadores, sin embargo, reclamaron que desde septiembre de 2024 se han registrado cientos de despidos dentro del Poder Judicial de la Federación.
Los inconformes también denunciaron que las vacantes están siendo ocupadas por personal con menor experiencia, situación que, aseguraron, ya comienza a reflejarse en deficiencias en la impartición de justicia.
Por lo tanto, hicieron un llamado a las autoridades judiciales para detener los despidos, respetar los derechos laborales del personal y garantizar la continuidad de los servicios que ofrece el Instituto Federal de Defensoría Pública a la población.