Los partidos políticos buscan recovecos en la ley para realizar campañas anticipadas, alertó la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC Gro), Luz Fabiola Matildes Gama. No obstante, advirtió que la autoridad mantiene la facultad de cancelar candidaturas por violaciones en materia de fiscalización —ya sea por omisión de reportes o por rebase de topes de gastos—, tal como ocurrió en el proceso electoral de 2021.
Al respecto, informó que actualmente existen tres procedimientos sancionadores en contra del partido Morena por la aparición de bardas y pintas en todo el estado, atribuidas a militantes que aspiran a competir en las elecciones de 2027; uno lo presentó una ciudadana, otro lo presentó el PRI y uno más que el organismo inició de oficio por una manifestación del representante de Movimiento Ciudadano en una sesión del Consejo General.
“La realidad es esa: los partidos buscan recovecos en la ley”, reconoció Matildes Gama al ser cuestionada en una conferencia de prensa sobre cómo institutos políticos, particularmente Morena, realizan proselitismo anticipado mediante pintas y distribución de propaganda bajo la figura de “coordinadores de la defensa de la Cuarta Transformación” sin recibir sanciones inmediatas.
La funcionaria explicó que estas pintas exhiben los nombres de los aspirantes, pero evitan especificar el cargo o hacer un llamado explícito al voto; incluso, señaló que algunos actores ya se han deslindado de dicha publicidad. Añadió que, respecto a los tres procedimientos abiertos contra Morena por presunto proselitismo adelantado, el IEPC Gro dará vista al Instituto Nacional Electoral (INE) para que proceda con la fiscalización correspondiente.
Matildes Gama recordó que la ley prevé la cancelación de registros por faltas de fiscalización. Aunque omitió el nombre, evocó el caso del senador Félix Salgado Macedonio, a quien se le retiró la candidatura a la gubernatura de Guerrero en 2021 por no reportar gastos de precampaña, luego de que Morena argumentara que no había realizado un proceso interno.
“No se descarta esta posibilidad si se comprueba el uso indebido de recursos o el rebase de topes de campaña. Ya se han cancelado candidaturas previamente por el tema de fiscalización”, enfatizó.
Por su parte, el secretario ejecutivo del órgano local, Pedro Pablo Martínez Ortiz, subrayó que el uso de recursos públicos por parte de cualquier servidor para promover aspiraciones electorales constituye un delito. Detalló que la fiscalización de estos recursos compete al INE en el ámbito federal y al IEPC Gro en el estatal.
“Por procedimiento, sí o sí, toda propaganda verificada es notificada a la Unidad de Fiscalización del INE para su contabilidad. Dependiendo de las características, puede clasificarse como gasto ordinario del partido o vincularse directamente a un aspirante; el proceso de fiscalización es el que determinará la naturaleza del gasto”, concluyó Martínez Ortiz.