El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este miércoles cargos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra otros funcionarios y exfuncionarios de esa entidad, por su presunta vinculación con el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con el comunicado oficial, las autoridades estadounidenses señalan que los acusados, todos ellos servidores públicos actuales o anteriores del gobierno estatal y de corporaciones de seguridad, habrían conspirado con líderes de dicha organización criminal para facilitar el tráfico de grandes cantidades de narcóticos hacia Estados Unidos, a cambio de apoyo político y sobornos.
La acusación indica que integrantes del grupo conocido como “Los Chapitos”, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, habrían contribuido al proceso electoral que llevó a Rocha Moya al cargo, mediante presuntos actos de intimidación y secuestro contra adversarios políticos. Posteriormente, ya en funciones, el mandatario estatal habría sostenido reuniones con miembros del cártel y ofrecido protección a sus operaciones ilícitas.
El anuncio fue realizado por el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance C. Cole. El caso fue asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.
Junto al gobernador fueron imputados el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el senador Enrique Inzunza Cazárez; el ex secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega; así como otros funcionarios y exmandos de seguridad, entre ellos Dámaso Castro Zaávedra, Juan Valenzuela Millán, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez y José Antonio Dionisio Hipólito Tornado.
Según la acusación, algunos de los implicados habrían recibido pagos mensuales para brindar protección al cártel, filtrar información sobre operativos y evitar detenciones. En el caso de Juan Valenzuela Millán, enfrenta cargos adicionales por el presunto secuestro y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y un familiar en 2023.
Las autoridades estadounidenses señalaron que los acusados, en su mayoría, podrían enfrentar penas que van de 40 años de prisión hasta cadena perpetua, dependiendo de su grado de responsabilidad. Se presume que todos los señalados se encuentran actualmente en territorio mexicano.
Este caso se suma a otras acusaciones presentadas desde 2023 en el mismo distrito judicial de Nueva York, que en conjunto superan los 30 imputados relacionados con el Cártel de Sinaloa, como parte de las acciones del gobierno estadounidense contra el tráfico de drogas.