Alexis Blancas
Integrantes del Frente Democrático del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) marcharon en Chilpancingo para exigir la anulación de la toma de nota de la actual dirigencia y solución a diversas demandas laborales.
La movilización partió desde la avenida Ruffo Figueroa, al sur de la ciudad, y avanzó por la avenida Lázaro Cárdenas, donde los manifestantes expresaron su inconformidad por la toma de nota otorgada a la dirigencia del SUSPEG, que encabeza Javier Velázquez Pat, la cual aseguraron, fue impugnada por presuntas irregularidades en el proceso electoral interno.
Durante el recorrido, Juan Alberto Rodríguez Rendón, ex candidato a la dirigencia sindical, informó que continúan en espera de resoluciones judiciales relacionadas con el amparo promovido para frenar la toma de nota.
Explicó que inicialmente se concedió una suspensión provisional, pero posteriormente fue revocada la suspensión definitiva.
El ex candidato, acusó inconsistencias en la resolución emitida por la autoridad judicial y advirtió que, de ser necesario, acudirán a instancias federales para defender lo que consideraron un proceso “amañado”.
Además del conflicto interno, los inconformes demandaron el rescate financiero del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), el pago puntual a jubilados y pensionados, así como el cumplimiento de seguros de vida pendientes.
El contingente realizó una parada frente al Congreso del Estado, donde lanzaron consignas dirigidas a los legisladores y reiteró su exigencia de respeto a los derechos laborales y sindicales.
Posteriormente, los manifestantes ingresaron a los carriles de alta velocidad de la Autopista del Sol y marcharon hasta llegar a las instalaciones del juzgado federal del distrito 7, en dónde cerraron el inmueble y bloquearon la vialidad del carril norte-sur del boulevard Vicente Guerrero, ocasionando un intenso caos vehicular en la zona.
Finalmente advirtieron que permanecerán en este punto hasta tener una audiencia directa con la gobernadora o algún funcionario que tenga la capacidad de resolver todas sus demandas.