REDACCIÓN
En un país donde la violencia y la impunidad se entrelazan con la cotidianidad, la historia de Miguel Huerta Torres se erige como un símbolo de abandono institucional. Hace exactamente tres años, el 28 de febrero de 2023, este líder comunitario y Servidor de la Nación fue privado de su libertad por hombres armados en la localidad de Temaxcalapa, municipio de Taxco. Desde entonces, su familia ha enfrentado no solo el dolor de la incertidumbre, sino también el desplazamiento forzado y la indiferencia de las autoridades.
“No sé si está vivo o muerto”, ha declarado su hija Jazmín Huerta Acosta, una abogada egresada de la Universidad Autónoma de Guerrero, quien ha convertido su búsqueda en una lucha por justicia y reformas legales.
La desaparición de Huerta Torres ocurrió en un contexto de alto riesgo: mientras dirigía una reunión para entregar tarjetas de programas sociales federales, un taxi con hombres armados irrumpió en la comisaría. Lo sometieron, lo llevaron a su domicilio donde lo golpearon frente a su familia, y desaparecieron con él rumbo desconocido. La última señal satelital de su teléfono se registró en las pozas de Atzala, también en Taxco, y hay indicios de que pudo haber sido trasladado a un lugar cercano a Arcelia, en la Tierra Caliente. Cuatro personas han sido detenidas en relación al caso, pero no han proporcionado información útil sobre su paradero. Peor aún, han intentado sobornar a jueces con al menos 200 mil pesos cada uno, según denuncias de la familia.
Las autoridades han excusado su inacción alegando que la zona está controlada por la organización criminal La Familia Michoacana, considerada “peligrosa”.
La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) lleva la investigación principal, mientras que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) solo coadyuva, según su titular Alejandro García Solorio. “Nosotros no somos autoridad investigadora, pero estamos coadyuvando”, ha dicho, en una respuesta que la familia califica de evasiva.
El impacto en la familia ha sido devastador. Huerta Torres dejaba atrás a su esposa y cuatro hijos, tres de ellos menores. Dos meses después de la desaparición, Iván Hernández Díaz, delegado en Guerrero de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México –y aspirante a la gubernatura–, lo dio de baja por “abandono laboral”, cortando el acceso a la seguridad social.
“Lo que hicieron fue injusto, ilegal e inhumano. Nos quitaron los derechos a la seguridad social”, denunció Jazmín el pasado viernes 27 de febrero, durante una protesta frente al Recinto del Poder Ejecutivo en Chilpancingo, acompañada por el colectivo María Herrera.
Jazmín ha peregrinado por oficinas gubernamentales, reuniéndose con funcionarios estatales y el diputado morenista Jesús Urióstegui, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Guerrero. Propone una iniciativa de ley para crear un protocolo de búsqueda inmediata para hombres mayores de 18 años, similar a los existentes para mujeres y niños. Su última solicitud de audiencia con la gobernadora Evelyn Salgado, del 15 de octubre de 2024, fue ignorada. Ahora, apela directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum: “Que me atienda por el lado humano, que nos apoye… Ellos sabían que mis hermanos dependían de mi papá, al darlo de baja nos quitaron los derechos de seguridad, ya ni siquiera pueden asistir a una institución de salud”.
Huerta Torres no era solo un funcionario; era un pilar comunitario. Gestionó la construcción de Bancos del Bienestar en Chichila, Huiztac y Atzala, y un Telebachillerato en Temaxcalapa. Cuatro días antes de su desaparición, compartió el plano de un arco de bienvenida en náhuatl, español e inglés, simbolizando su visión inclusiva para el desarrollo local.
Este caso no es aislado en Guerrero, que desde hace años es azotado por la violencia. En los últimos años, otros Servidores de la Nación han sido víctimas: ejecuciones en la montaña y retenciones durante censos post-desastres, como tras el huracán Erick en 2025, donde damnificados encerraron a 400 servidores en Nueva Ciudad Guerrero, o retuvieron a 100 en Ometepec por ocho horas. Estos incidentes resaltan los riesgos en zonas controladas por el crimen organizado.
Los Servidores de la Nación
Los Servidores de la Nación forman parte de la Secretaría del Bienestar. Su estructura organizacional se integra en la Administración Pública Federal Centralizada. A nivel regional, reportan a delegados estatales como Iván Hernández Díaz en Guerrero, quienes coordinan con la titular nacional de la Secretaría.
Sus funciones principales incluyen recorrer comunidades remotas para censar beneficiarios, facilitar la entrega directa de apoyos sociales sin intermediarios, y coordinar programas integrales de Bienestar. Hablan lenguas indígenas para comunicarse con poblaciones marginadas, evalúan daños post-desastres (como tras huracanes), y promueven la autosuficiencia alimentaria y la reconstrucción del tejido social. En esencia, son el “primer contacto” del gobierno con el pueblo, asegurando que los programas lleguen “hasta donde nunca habían llegado”.
En Guerrero, operan alrededor de 1,088 Servidores de la Nación, según datos de 2023-2024, aunque cifras varían por despliegues temporales (por ejemplo, 1,000 se movilizaron tras el huracán Otis en 2023).
A nivel nacional, suman cerca de 19,714, con una nómina anual de aproximadamente 3,259 millones de pesos en 2024.
Su sueldo mensual aproximado es de 9,700 pesos, con un incremento anunciado por la presidenta Sheinbaum en febrero de 2025, calificado como “significativo” pero no cuantificado públicamente.
Para Guerrero, esto implica un costo mensual en nómina de alrededor de 10.5 millones de pesos, basado en el salario base y el número estimado de servidores.
Estos datos contrastan con la precariedad que enfrentan: riesgos en campo, falta de protección y, en casos como el de Huerta, abandono institucional. Nacionalmente, la nómina mensual ronda los 271 millones de pesos, pero el enfoque en eficiencia busca maximizar el impacto social por encima de los costos administrativos.
Un Llamado a la Justicia
La desaparición de Miguel Huerta Torres resuena en un Guerrero con miles de desaparecidos y una impunidad que supera el 90%. Su caso se suma a otros, como la ejecución de un servidor en la montaña o el olvido de investigaciones similares.
Jazmín exige no solo avances, sino humanidad: “La gobernadora sabe lo que es tener un padre, yo lo tuve, pero desgraciadamente en este momento no sé cómo está”.
En un año electoral, donde figuras como Iván Hernández buscan cargos de elección popular, la familia Huerta recuerda que el bienestar no es solo programas, sino protección para quienes los implementan.
Tres años después, la búsqueda continúa, pero el silencio oficial persiste. ¿Cuánto más debe esperar la familia Huerta por justicia?