Alexis Blancas

Trabajadores del sistema de Telebachillerato en la entidad, denunciaron que el Gobierno del Estado les depositó únicamente la mitad de la segunda quincena del mes de febrero, sin previo aviso ni explicación oficial, lo que aseguraron, vulnera sus derechos laborales y afecta la economía de cientos de familias.

Mediante un comunicado, el personal informó que el pasado viernes 27 de febrero correspondía el pago de su salario quincenal, sin embargo, en sus cuentas bancarias sólo se reflejó el 50 por ciento del monto total.

Señalaron que está acción se efectuó sin ningún aviso o explicación a los trabajadores y hasta el momento no existe una postura pública por parte del director general del Instituto del Bachillerato del Estado de Guerrero (IBGro), Francisco J. Herrera Rodríguez, ni del Gobierno estatal que justifique la reducción del pago.

Los docentes calificaron está medida como unilateral e injustificada, pues se trata de un salario que ya fue devengado.

Además, señalaron que la decisión resulta contradictoria frente al discurso que siempre ha manejado la administración actual, con supuesto humanismo.

Reprocharon que esta situación impacta directamente a trabajadores que prestan servicio en comunidades marginadas y de difícil acceso, dejándolos en una situación vulnerable, tanto a ellos, como a sus familias.

Entre sus exigencias, demandaron el depósito inmediato del monto faltante y la regularización definitiva del esquema de pagos, a fin de evitar que esta situación vuelva a repetirse.

Asimismo, pidieron que los adeudos correspondientes al Anexo C “Política Salarial” y al Anexo D “Fortalecimiento al Salario” se cubran en una sola exhibición, ya que presentan retrasos pese a formar parte de prestaciones previamente establecidas.

También solicitaron la liberación de recursos para los planteles educativos correspondientes a los capítulos 2000 y 3000, destinados a la compra de papelería, enseres y artículos básicos, los cuales afirmaron, se adeudan desde el semestre de agosto de 2025 y el que inició en febrero de 2026.

Finalmente, los inconformes hicieron un llamado a las autoridades estatales para revisar el actuar y permanencia del director general y de directores de área, al señalar presuntas irregularidades administrativas, así como señalamientos de abusos y hostigamiento.

Finalmente advirtieron que, de no verse reflejado el pago íntegro en los próximos días, podrían radicalizar sus movilizaciones en el Estado.