Michel Vargas
ACAPULCO. —Trabajadores sindicalizados de la Sección 34 de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) se manifestaron este martes en la entrada principal de los Tribunales Laborales de Acapulco, pertenecientes al Poder Judicial del Estado de Guerrero, para reclamar la titularidad del contrato colectivo de trabajo que aseguran les corresponde desde hace más de 50 años.
La protesta se realizó de manera pacífica mientras se desarrollaba una audiencia relacionada con el proceso legal que mantienen con una empresa hotelera.
En entrevista, el secretario general del sindicato gastronómico de la Sección 34 filial de la CTM y secretario de Organización de la CTM en Guerrero, César Landín Pineda, explicó que la empresa actualmente se encuentra en proceso de reconstrucción tras los estragos del huracán Otis y promovió una demanda de titularidad asesorada por el abogado Fernando Ramírez Velázquez.
Según el dirigente sindical, la acción busca retirarles el contrato colectivo para entregarlo a un sindicato nacional afiliado a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC).
“La empresa en contubernio con el abogado Fernando Ramírez Velázquez, nos están demandando y nos trajeron a un sindicato nacional a la CROC para que nos demandara la titularidad y así quitarnos el contrato colectivo a la sección 34 del Hotel Amarea, pues lógicamente aprovechándose de la situación de Otis que cerraron muchos hoteles y que en este momento está en reconstrucción”, dijo.
De acuerdo con el dirigente, le resulta ilógico que se promueva una demanda de titularidad cuando el hotel se encuentra cerrado y en plena reconstrucción, ya que la mayoría del personal que actualmente laboran en el inmueble son albañiles, pintores y trabajadores de obra, y no personal operativo de hotelería. Precisó que actualmente el contrato colectivo ampara a 52 trabajadores.
Explicó que los empleados fueron liquidados y se acordó que el personal de planta sería reincorporado conforme avanzara la reapertura del hotel, mientras que los eventuales regresarían de manera gradual según las necesidades operativas.
Finalmente, informó que durante la audiencia se presentaron pruebas documentales, videos y un acta notarial que acredita que el inmueble continúa en construcción y sin operación hotelera. El tribunal cuenta con un plazo de siete días para resolver sobre la admisión y valoración de las pruebas.