La Comisión de Justicia analiza una iniciativa del diputado Héctor Suárez Basurto que propone adicionar la fracción IX al artículo 227 del Código Penal del Estado, con el fin de establecer sanciones más específicas y severas para quienes cometan robos en instituciones educativas, sin importar su nivel. La propuesta plantea que las penas se incrementen hasta en una mitad cuando el delito afecte infraestructura, equipamiento tecnológico, material didáctico, mobiliario escolar o bienes destinados al servicio educativo.
En la exposición de motivos, el legislador recordó que en los últimos meses Guerrero ha registrado un aumento en el robo de fibra óptica, equipos de cómputo y materiales básicos pertenecientes a escuelas públicas. Informó que, durante el ciclo escolar 2024-2025, se han contabilizado más de 15 robos en planteles, lo que ha provocado suspensión de clases, interrupción de servicios y afectaciones directas al proceso de enseñanza-aprendizaje.
Suárez Basurto subrayó que el robo a escuelas públicas no puede considerarse un delito común, ya que su impacto trasciende el daño patrimonial y afecta de manera colectiva a la comunidad escolar. Señaló que estos hechos vulneran el interés superior de la niñez y el derecho a la educación, establecido en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado sostuvo que el Estado debe garantizar no solo el acceso a la educación, sino también las condiciones materiales, tecnológicas y de infraestructura necesarias para su pleno ejercicio, especialmente en beneficio de niñas, niños y adolescentes