Con el objetivo de garantizar el derecho humano al agua y fortalecer las finanzas de los municipios, la Comisión Permanente del Congreso de Guerrero aprobó un exhorto dirigido a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal. La propuesta busca la creación de una tarifa eléctrica específica y de alto subsidio para los organismos operadores de agua potable, alcantarillado y saneamiento del país.
El punto de acuerdo, presentado en tribuna por el diputado Alejandro Carabias Icaza, señala que los organismos operadores enfrentan graves dificultades técnicas y financieras debido a que el pago de energía eléctrica —indispensable para el bombeo y tratamiento— absorbe una parte crítica de sus presupuestos.
Según datos del INEGI citados por el legislador, para 2018 estos entes destinaban el 44.4% de su gasto operativo al pago de luz, situación que se agravó tras la reforma energética al ser clasificados bajo una tarifa industrial.
“La fiscalización y eficiencia no bastan si los costos de insumos básicos como la electricidad impiden la reinversión en infraestructura”, destacó Carabias Icaza.
El diputado recordó que, aunque el acceso al agua es un derecho constitucional, la realidad en los hogares es distinta. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2022, el 33.5% de las viviendas con suministro entubado en México no reciben agua diariamente, posicionando a Guerrero como una de las entidades más afectadas por esta carencia.
El exhorto plantea que, con fundamento en el artículo 159 de la Ley del Sector Eléctrico, se reconozca la naturaleza no lucrativa y la función social de los organismos operadores de agua potable, alcantarillado y saneamiento, a fin de que reciban un trato tarifario acorde con su papel estratégico en la garantía de derechos fundamentales.
En ese sentido, la propuesta contempla la creación de una nueva categoría tarifaria distinta a la industrial, que incorpore un alto nivel de subsidio y refleje las condiciones reales bajo las cuales operan estos entes públicos, cuyo objetivo principal no es el lucro sino la prestación de un servicio básico a la población.
Asimismo, se busca fortalecer la sostenibilidad financiera de los organismos mediante la contención del crecimiento de los adeudos históricos que mantienen con la Comisión Federal de Electricidad, los cuales han limitado su capacidad operativa y de inversión a lo largo de los años.
Otro de los ejes centrales del exhorto es que los ahorros generados por una tarifa eléctrica preferencial puedan destinarse directamente a la rehabilitación y modernización de las redes hidráulicas, así como a los sistemas de saneamiento, contribuyendo a mejorar la eficiencia y continuidad del servicio.
Finalmente, la propuesta subraya la necesidad de cumplir con lo establecido en la Ley General de Aguas, la cual obliga a garantizar un suministro mínimo básico de agua, incluso en casos de falta de pago, reafirmando el carácter de derecho humano que tiene este servicio esencial.
Con esta medida, el Poder Legislativo de Guerrero busca asegurar que los ayuntamientos cuenten con las herramientas necesarias para ofrecer un servicio continuo, eficiente y accesible, cumpliendo así con su responsabilidad constitucional estipulada en el artículo 115.