Colectivos y familiares de más de un centenar de víctimas de violaciones graves a sus derechos humanos por parte del Ejército, demandaron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo una audiencia y le pidieron que deje de ser omisa como lo fueron sus cinco antecesores y ordene que se castigue a los militares que cometieron crímenes de lesa humanidad en la década de los 70 en Guerrero.
Este jueves los integrantes de la Asociación Representativa de Comunidades y Ejidos Víctimas de los Derechos Humanos, del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia y de la Asociación Cívica Nacional Revolucionario (ACNR), ofrecieron una conferencia de prensa en donde fijaron una postura por el aniversario de la creación del Ejército en nuestro país.
Afirmaron que no había nada que festejarle al Ejército, a quienes señalaron de cometer en Guerrero en la década de los 70 “desapariciones forzadas de personas, masacres, vuelos de la muerte, tortura física y psicológica, desaparición forzada temporal, violaciones a mujeres campesinas, desplazamiento forzado, encarcelamiento clandestino, despojo de propiedades, degradación de la dignidad humana a las víctimas, bombardeo aéreo y ataque con tácticas de guerra a comunidades campesinas, que constituyen graves violaciones a los derechos humanos”.
Lamentaron que en Guerrero persista la impunidad del Ejército ante estos actos y denunciaron que desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y lo que va de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo se les ha “negado a las victimas el acceso a la justicia, como lo es el conocimiento de la verdad de los hechos, castigo a los militares culpables y la reparación integral del daño”.
Explicaron que representan a 70 familias de desaparecidos, una treintena de personas ejecutadas extrajudicialmente y a decenas de torturados, “el gobierno de México ha sido omiso en su deber de investigar y garantizar a las víctimas el derecho a la justicia, el hecho de que tengamos a más de quince mil militares culpables y no tengamos uno solo que se encuentre purgando alguna condena, lo que habla del grado de impunidad, simulación y solapamiento que existe del gobierno de México a favor de los militares culpables de cometer crímenes de lesa humanidad durante la guerra sucia”.
Octavio Serrano Gervasio solicitó a la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo una audiencia con estos colectivos para plantearle la “apertura de archivos militares, judicialización de los culpables, búsqueda de personas, reparación integral del daño, medidas de no repetición y memoria, toda vez de que no se han registrado avances en las investigaciones”.
Arturo Miranda aseveró que el Ejército “han jugado un papel en contra de los derechos humanos del pueblo desde hace 50 años, los militares fueron los ejecutores de las órdenes de los gobiernos en turno para ensañarse contra el pueblo de Guerrero, no para llevarse a juicio a quienes desde su óptica estaban fuera de la ley, los buscaban ejecutar cometiendo crímenes de lesa humanidad”, añadió.