*El PRI Guerrero alerta por “crisis sanitaria” por sarampión y abandono en vacunación
El Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso del Estado de Guerrero lanzó un enérgico llamado a las autoridades federales ante lo que calificaron como una “crisis de salud” derivada del brote de sarampión en el país, y denunció que la falta de biológicos y el desmantelamiento de brigadas médicas han dejado a la población infantil en una vulnerabilidad histórica.
La diputada Beatriz Vélez, presidenta de la Comisión de Salud del Congreso local, informó que a nivel nacional ya se han confirmado 41 defunciones relacionadas con el sarampión, afectando principalmente a menores de cinco años. En el contexto local, reveló que existe un caso en proceso de confirmación por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) en la región de La Montaña porque los casos se ubican específicamente en municipios como Cualác y Metlatónoc, zona donde la vacunación no ha llegado debido a la suspensión de más de 2,200 brigadas médicas que operaban en sexenios anteriores.
“En el momento en que entró López Obrador a la presidencia ordenó retirar a todos los equipos zonales de supervisión y todas las brigadas de vacunación que se tenía, se deja de atender a esas comunidades más apartadas y hoy están los casos, lamentablemente en crecimiento”, indicó.
Dijo que está de acuerdo en que no se debe politizar un problema tan grave como es la salud, pero sí se debe hablar con claridad de cómo se llegó a la situación actual.
“El sarampión no volvió por azar; volvió porque cayó la vacunación. Según datos oficiales, desde 2018 la cobertura de vacunación infantil se desplomó un 70%”, señaló Alejandro Bravo, enfatizando que la inmunidad de los adultos actuales es gracias a las campañas de administraciones priistas.
Cifras oficiales de la Secretaría de Salud federal al corte de febrero de 2026 ubican a Guerrero en el quinto lugar nacional con un acumulado de 281 contagios en el periodo 2025-2026, sumándose a una tendencia nacional que ya supera los 10,000 casos confirmados.
Al ser cuestionado sobre los resultados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que señalan inconsistencias por 200 millones de pesos en el Ayuntamiento de Acapulco, Bravo Abarca exigió que se deslinden responsabilidades de manera inmediata.
“Si se desviaron recursos públicos, que se castigue a los culpables”, sentenció el dirigente, quien subrayó que, aunque existan periodos de solventación, la transparencia debe ser la prioridad ante posibles anomalías en el manejo del erario.
Respecto a la colecta nacional convocada por Morena para enviar alimentos y medicinas a Cuba, el PRI se mostró crítico. Si bien Alejandro Bravo no descalificó el espíritu de ayuda, fue tajante al señalar que la administración federal debe mirar primero hacia adentro: “Guerrero también hace un llamado de atención y ayuda; aquí también se requieren medicamentos e insumos básicos”.
Alianzas electorales y crisis en municipios
Rumbo a los comicios de 2027, la dirigencia estatal del PRI delineó una postura abierta pero con condiciones precisas respecto a la conformación de alianzas. El dirigente Alejandro Bravo sostuvo que el partido está dispuesto a construir coaliciones únicamente en aquellos municipios donde la militancia local así lo determine. Subrayó que la decisión no será impuesta desde la dirigencia estatal: “donde la militancia nos diga que no quieren alianza, no habrá”, afirmó, dejando claro que la base priista tendrá la última palabra en cada territorio.
En paralelo, la dirigencia denunció la gravedad de las irregularidades detectadas en las cuentas públicas de diversos ayuntamientos, particularmente en San Marcos y Cuajinicuilapa, donde se habrían falsificado firmas de síndicos para validar documentos oficiales. Bravo calificó estos hechos como un delito grave que vulnera la Ley Orgánica del Municipio y atropella los derechos de las autoridades firmantes, advirtiendo que el partido dará seguimiento puntual a las investigaciones correspondientes.
Finalmente, ante la posibilidad de asesorar legalmente a familias de fallecidos por sarampión para buscar indemnizaciones, el diputado Bravo aclaró que, aunque es una decisión familiar, el partido se centrará en la exigencia política para que el sistema de salud no convierta este brote en una “tragedia mayor”.