Jesús Saavedra
Trabajadores del Centro de Justicia para las Mujeres de la región de la Montaña que se ubica en Tlapa y del Centro Comunitario Gu’wa Kuma Casa de los Saberes de Ayutla de los Libres iniciaron un paro de labores indefinido para demandar a la Secretaría de la Mujer del gobierno del estado se garantice el pago de los salarios que les adeudan.
Este lunes, los trabajadores de ambos Centros que se ubican en Tlapa y Ayutla de los Libres iniciaron este paro indefinido de labores por los adeudos de sus salarios, “formamos parte del Programa Para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de la Mujer del gobierno del Estado y nos mantienen en la indefensión salarial”.
Denunciaron que hay “una grave crisis laboral y humana que enfrentamos por el incumplimiento sistemático en el adeudo de nuestros honorarios. Durante meses el personal de estos tres espacios diariamente -brindamos acompañamiento jurídico, psicológico, social, comunitario, cultural, de traducción, canalización y protección a mujeres, adolescentes, niñas y niños en situación de violencia de diversas regiones- hemos sido sometidos a violencia económica e institucional, al negarnos el derecho primordial de toda trabajadora y trabajador: el acceso a recibir nuestros honorarios en tiempo y forma”.
Sostuvieron que en Guerrero hay “una deuda histórica con las mujeres y dos declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, de los cuales, existen nueve municipios alertados; entre ellos Tlapa de Comonfort y Ayutla de los Libres. Por lo que resulta inadmisible que, aun en dicho contexto, no se otorgue prioridad presupuestal a los Programas y equipos que sostienen la atención a víctimas que atraviesan la violencia machista y desigualdad, así como la apuesta a acciones preventivas comunitarias que contrarresten las prácticas de uniones forzadas y tempranas”.
Indicaron que “la ausencia de salario durante meses ha deteriorado profundamente la estabilidad económica, emocional y familiar del personal profesional que sostenemos estos programas. Además, pone en riesgo directo la continuidad de los servicios esenciales en la Montaña, Costa Chica y Ayutla: atención de emergencias, acompañamientos a víctimas, contención psicológica, traducción, acciones comunitarias, fortalecimiento territorial, mediaciones y articulaciones con instituciones de seguridad y justicia”.
Afirmaron que sin presupuesto operacional para recurso humano y material, “ninguno de estos espacios puede funcionar; no basta con promover los derechos de las mujeres sino garantizarlos y eficientarlos”.
Por ello pidieron la intervención de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda para que se “cubran de manera urgente e íntegra todos los honorarios adeudados, sin excusas ni nuevas prórrogas. Se garantice por escrito la puntualidad de los pagos subsecuentes para evitar la repetición de dicha violencia institucional. La falta de pagos de honorarios no es un ‘retraso administrativo’, es una forma de violencia institucional que vulnera los derechos de quienes sostenemos el trabajo comunitario y especializado en territorios con altos índices de violencia, marginación e impunidad histórica”.
Añadieron que su “demanda es legítima y apartidista, por la dignidad laboral, justicia y respeto a nuestro trabajo, así como las garantías del ejercicio pleno al derecho de las mujeres, adolescentes, niñas y niños a recibir atención de calidad y en condiciones de seguridad exigimos el pago inmediato y respeto a nuestros derechos”, añadieron.