URUAPAN, MICHOACÁN.— A raíz del asesinato del alcalde Carlos Manzo el pasado sábado, el Cabildo de Uruapan designó a su esposa, Grecia Quirós, como nueva presidenta municipal. La decisión, tomada en sesión extraordinaria, ha generado reacciones divididas entre la ciudadanía, en un entorno marcado por la violencia y la incertidumbre institucional.
Durante la sesión, simpatizantes del exalcalde ovacionaron la designación de Quirós, evocando la figura de Manzo como un servidor público que enfrentó abiertamente a los grupos criminales que operan en la región. No obstante, también se hicieron presentes voces que alertaron sobre los riesgos de continuar una administración bajo las mismas condiciones que derivaron en el magnicidio.
En su primer mensaje como alcaldesa, Quirós aseguró que dará continuidad a los programas sociales y de seguridad impulsados por su esposo.
“Honraré la memoria de Carlos desde el trabajo. Uruapan merece vivir sin miedo y con oportunidades”, expresó al rendir protesta.
Sin embargo, analistas y sectores de la población advierten que su llegada al cargo ocurre en un clima de alta tensión, donde persisten dudas sobre la capacidad del Estado para proteger a las autoridades locales y garantizar condiciones mínimas de gobernabilidad.
“Si al alcalde lo mataron por no pactar con el crimen, ¿qué garantías tiene ella?”, cuestionaron usuarios en redes sociales, reflejando el escepticismo y la preocupación que permea en la opinión pública.
Uruapan se mantiene como uno de los municipios con mayores índices de violencia en Michoacán, con presencia activa de diversas células del crimen organizado y antecedentes recientes de ataques contra funcionarios.
La designación de Quirós vuelve a colocar a Uruapan en el foco del debate nacional sobre los riesgos de ejercer cargos públicos en territorios donde el poder criminal disputa el control político y social.