ACAPULCO. —Autoridades y residentes de diversos fraccionamientos de este puerto han reportado en los últimos años posibles intentos de extorsión y cobros irregulares relacionados con el control de accesos y administración en zonas residenciales del puerto.
En abril de 2025, la Fiscalía General del Estado detuvo a un vigilante del fraccionamiento Tulipanes, acusado de solicitar 40 mil pesos a un propietario para permitirle ingresar a su domicilio. El hecho derivó en una carpeta de investigación y en la clausura temporal de la caseta de vigilancia del conjunto habitacional.
Casos previos también habían sido denunciados. En 2021, residentes de Real del Palmar manifestaron inconformidad por supuestos cobros indebidos por acceso, TAG y mantenimiento, lo que llevó a la revisión de los contratos administrativos, aunque sin resolución judicial.
Vecinos de fraccionamientos de la zona Diamante han señalado cambios de empresas administradoras sin actas legalmente registradas, lo que ha generado preocupación sobre el manejo de cuotas y la contratación de servicios de seguridad privada.
Este fenómeno se desarrolla en un contexto estatal donde la extorsión sigue siendo uno de los delitos de mayor impacto. La Envipe 2024 del Inegi evidencia alta incidencia en Guerrero, mientras la Canaco Acapulco calcula pérdidas para comercios derivadas de cierres por presiones y cobros ilegales.
A nivel federal, el Congreso analiza una Ley General contra la Extorsión, que pretende homologar sanciones, fortalecer la denuncia anónima 089 y facultar a la UIF para congelar cuentas relacionadas.
Autoridades estatales confirmaron que estos reportes forman parte de una investigación sobre posibles esquemas de extorsión basados en vacíos administrativos y la falta de regulación de servicios de seguridad privada, sin que hasta el momento se haya acreditado una red criminal estructurada.