La diputada Leticia Rodríguez Armenta presentó una iniciativa orientada a establecer una regulación integral para la instalación, mantenimiento y supervisión de reductores de velocidad y señalización vial en Guerrero. El objetivo es armonizar la legislación estatal con la normativa técnica nacional, garantizando la seguridad tanto de peatones como de automovilistas.
La iniciativa propone derogar, adicionar y reformar diversos artículos y fracciones de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero para establecer un marco normativo integral que regule, sancione y dé seguimiento técnico a la instalación y mantenimiento de reductores de velocidad y señalizaciones, garantizando así la seguridad y la movilidad sustentable el estado.
La propuesta destaca la importancia de que la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero incluya definiciones claras y precisas, que permitan una supervisión eficaz y una aplicación uniforme en todo el estado. Actualmente, muchos dispositivos son instalados sin autorización ni estudios previos, lo que puede incrementar el riesgo vial debido a la falta de uniformidad y materiales adecuados.
La iniciativa plantea la incorporación de conceptos básicos como “calle”, “carretera”, “señalización” y “reductor de velocidad”, brindando certeza jurídica y técnica en su aplicación. Asimismo, propone otorgar facultades específicas a las autoridades competentes para autorizar, supervisar, mantener o retirar estos dispositivos, y establecer mecanismos de coordinación entre los distintos niveles de gobierno, según la jurisdicción correspondiente.
Rodríguez Armenta subrayó que la iniciativa contempla sanciones para quienes instalen o modifiquen reductores o señales sin la debida autorización, ya que estas acciones pueden poner en riesgo la seguridad pública. Una regulación adecuada permitirá reducir accidentes, mejorar la circulación vehicular y proteger a los peatones, especialmente en zonas escolares, hospitalarias y de alta afluencia.
Finalmente, la reforma busca armonizar el marco legal estatal con las disposiciones federales y la normativa técnica vigente, promoviendo un entorno vial más seguro, ordenado, incluyente y eficiente, que priorice la vida y la integridad de los usuarios de las vías públicas.