Guerrero es el “epicentro invisible de la impunidad feminicida” en México, afirmaron en la presentación de un informe que elaboraron desde el Centro de Investigación y Posgrado en Estudios Socioterritoriales (Cipes) de la Universidad Autónoma de Guerrero en colaboración con el Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF).
Este jueves en el auditorio del Cipes Chilpancingo que se ubica en el barrio de San Mateo, se presentó el informe “Y ese lucero eres tú…Desapariciones de mujeres en Guerrero y su conexión con otros crímenes sistemáticos” que presentó Elisa Niño Vázquez.
La presentadora aseveró que se trata de una “investigación que revela las profundas conexiones entre la desaparición de mujeres, el feminicidio y las redes de trata en esa entidad” y que se realiza “a través del análisis de 14 casos emblemáticos ocurridos entre 2010 y 2022, el informe documenta patrones sistemáticos de violencia, negligencia institucional y desprotección estatal”.
Indicó que en Guerrero han trabajado con el Colectivo Madres Igualtecas, Colectivo “María Herrera”, Centro Regional de Derechos Humanos “José María Morelos” y con familiares directas de víctimas de desaparición y feminicidio”.
Niño Vázquez sostuvo que esos 14 casos analizados “confirman una estructura de violencia articulada: desapariciones vinculadas a la trata de personas culminadas en feminicidio. Las víctimas no desaparecen al azar, sus casos reflejan prácticas sistemáticas de control, explotación y exterminio. Esta triada revela un sistema criminal funcional, sostenido por la omisión del Estado”.
Denunció que los grupos criminales como “Los Ardillos, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Guerreros Unidos han convertido carreteras estratégicas como la Autopista del Sol, en corredores para la trata. En Chilpancingo, Tixtla e Iguala, escuelas secundarias han sido utilizadas como zonas de secuestros y desaparición de adolescentes, y en el Centro de Readaptación Social de Iguala se han documentado casos de explotación sexual”.
Detalló que en 11 de los 14 casos, “testigos reportaron el uso de vehículos, la participación de más de una persona y el empleo de armas para someter a las víctimas o intimidar a posibles testigos. No se trata de actos impulsivos o ‘pasionales’, sino de crímenes premeditados y organizados, bien planificados y con una clara intención”.
Dio a conocer que en los municipios de Acapulco, Chilpancingo e Iguala se concentra la mayoría de los casos, “el 70 por ciento de las victimas documentadas tenían entre 15 y 34 años, el 86 por ciento eran madres solteras sin acceso a seguridad social y sobrevivían de la economía informal. El crimen organizado no actúa al azar: selecciona metódicamente a mujeres vulnerables para sus economías ilegales”.
Explicaron que de los 14 casos analizados, solo uno activó el Protocolo Alba y en apenas dos se emitió ficha de búsqueda, “las Alertas de Violencia de Género operan como simulacros: más de la mitad de las acciones ordenadas en 2017 siguen sin cumplirse. A pesar de las 249 jornadas oficiales de búsqueda, realizadas entre 2019 y 2021, ninguna mujer se ha identificado con enfoque de género en Acapulco, uno de los municipios con más fosas clandestinas del país. Las fiscalías desvían investigaciones hacia prejuicios y omiten los protocolos establecidos”.
En el informe se afirma que las investigaciones que analizaron “están marcadas por omisiones graves, como obstáculos en la apertura de carpetas, ausencia de análisis de contexto, nulo aprovechamiento de evidencia forense y criminalización de las víctimas. Por lo menos en dos casos, el Ministerio Público desvió la investigación hacia presuntos delitos cometidos por las mujeres desaparecidas”.
Indicaron que la falta de perspectiva de género “convierte la investigación en un acto revictimizante: los casos son sistemáticamente desviados hacia estereotipos patriarcales y se centran en escrudiñar la vida personal de las víctimas. Al tratarlos como hechos aislados y criminalizar a las víctimas, las fiscalías no sólo revictimizan, sino que operan como engranajes de la maquinaria de impunidad”.
Finalmente han una serie de recomendaciones “urgentes al Estado mexicano: ratificar la Ley Estatal de Desaparición, estancada desde 2022; crear Unidades de Análisis de Contexto con peritos expertos en género; homologar el sistema forense nacional e integrar bancos de ADN estatales; proteger a las familias buscadoras con refugios y blindaje legal”.
Añadieron que cada caso documentado en el informe “representa no sólo una tragedia humana, sino también un mapa de fallas estructurales. Guerrero no necesita más discursos ni simulacros, ¡necesita acciones reales! La normalización de la desaparición y el feminicidio debe dejar de ser la política no escrita del Estado”.
Claudia Rangel, Olimpia Jaimes, Rosa Icela Ojeda y Pedro Vidal Tello Almaguer fueron quienes comentaron este informe en el auditorio del Cipes.