* La FGR incluye en la indagatoria a exfuncionarios municipales y civiles ligados a la administración morenista
La exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, es investigada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITATA) por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de acuerdo con una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Según la carpeta de investigación FED/FEMDO/UEITA-BC/0000170/2024, las autoridades federales recibieron señalamientos que ubican a la exalcaldesa con presuntos “nexos directos con grupos delincuenciales desde octubre de 2021”, cuando asumió la presidencia municipal de Tijuana.
La indagatoria no sólo alcanza a Caballero Ramírez, sino también a cuatro de sus colaboradores más cercanos, quienes formaron parte de su gabinete: su hermano y exsecretario particular Daniel Caballero Ramírez; el exsecretario particular Juan Manuel Gastélum Rivera; el exsecretario general Miguel Ángel Bujanda; y Ángeles Dolores Durán Ricalde, excoordinadora de Atención Ciudadana.
Además, la carpeta incluye a ocho civiles, entre ellos Pablo Edwin Huerta Nuño, alias “El Flaquito”, recientemente extraditado a Estados Unidos por tráfico de drogas y lavado de dinero; Ricardo Alfredo Pérez Díaz, “El Fredy”, con antecedentes penales por amenazas y violencia; y Juan Carlos Valencia, “R3”, identificado como operador del CJNG en Tijuana.
De acuerdo con fuentes de la investigación citadas por ZETA Tijuana, la FEMDO solicitó información a diversas dependencias locales y federales, así como a la Embajada de Estados Unidos en México, como parte de las diligencias en curso.
Durante su administración (2021–2024), Caballero enfrentó múltiples controversias, entre ellas el atentado armado del 17 de mayo de 2023 contra uno de sus escoltas, atribuido a sicarios del CJNG. Aunque en su momento la Fiscalía de Baja California descartó que el ataque fuera directamente contra la entonces alcaldesa, versiones posteriores sugirieron que el atentado estuvo relacionado con presuntos acuerdos fallidos entre funcionarios municipales y grupos criminales.
La exmandataria también ha sido llamada a comparecer ante la Sindicatura Municipal de Tijuana por la adquisición de una vivienda valuada en casi siete millones de pesos, presuntamente omitida en su declaración patrimonial. Caballero ha argumentado que el inmueble fue adquirido por su esposo, el árbitro profesional Said Ravanfar, con quien contrajo matrimonio en 2023.
Pese a los señalamientos, la exalcaldesa ha negado cualquier vínculo con el crimen organizado y ha atribuido las investigaciones a motivos políticos. No obstante, la FGR mantiene abiertas las diligencias contra ella y sus excolaboradores, en un caso que podría escalar a nivel federal en las próximas semanas.