Michel Vargas
ACAPULCO. —Miembros organizaciones sociales realizaron una conferencia de prensa para visibilizar la situación de marginación que aún enfrentan los pueblos afrodescendientes en Guerrero.
Representantes de colectivos como Hombres Solidarios por la Igualdad, Mujeres por Guerrero y Mujeres Empoderadas hacia el Nuevo Milenio señalaron que, pese al reconocimiento constitucional de la tercera raíz en México, los derechos de esta población siguen siendo letra muerta.
Los miembros de dichas organizaciones recordaron que el pasado 31 de agosto se conmemoró el Día Internacional de la Afrodescendencia, instituido por la ONU en 2020. Sin embargo, denunciaron que en México, y particularmente en el estado de Guerrero, las comunidades afro continúan enfrentando rezagos en educación, salud, participación política y acceso a servicios básicos.
De acuerdo al integrante de Hombres Solidarios por la Igualdad, Enrique Solano López, subrayó que Guerrero es la entidad con mayor población afrodescendiente del país, pero también una de las que mantiene más altos índices de marginación.
“Tenemos colonias con una alta influencia de pueblo afrodescendientes, pero son colonias que también siguen con una alta marginación, sin acceso a agua potable, sin seguridad y sin acceso también a los medios de comunicación”, denunció.
Por su parte, la representante de Mujeres Empoderadas hacia el Nuevo Milenio, Luz del Carmen Torreblanca Palacios, criticó la ausencia de autoridades en los recientes actos conmemorativos de grupos afro descendientes en Acapulco.
“Brillaron por su ausencia. Mientras asociaciones civiles acudieron para refrendar su apoyo, las instituciones siguen sin comprometerse con hechos. Nuestras raíces no pueden seguir siendo invisibilizadas”, afirmó.
Por otro lado, la representante de Mujeres por Guerrero, Guadalupe Medina Rojas, explicó que aunque algunas mujeres han llegado a espacios de poder, no siempre representan los intereses de sus comunidades.
Finalmente, las organizaciones hicieron un llamado a las autoridades estatales y federales, así como a los organismos encargados de diseñar políticas públicas, para que implementen programas integrales y medibles en favor de las comunidades afrodescendientes.