Michel Vargas

ACAPULCO. —El presidente de Infraestructura del Consejo Consultivo de Turismo (ICCT), Jesús Zamora Cervantes cuestionó la operatividad del “Marinabús” en Acapulco al señalar que el proyecto, aunque aún no entra en funcionamiento, no cumple con las normas de seguridad ni con los lineamientos establecidos para el transporte náutico.

Entrevistado durante la jornada de limpieza realizada en la zona de Playa Papagayo, el líder comentó que este plan impactará de manera directa en los ingresos de los prestadores de servicios turísticos de la bahía, por lo que esperan que las autoridades federales puedan hacer adecuaciones a este sistema de transporte.

Explicó que, a diferencia de lo que ocurre con los empresarios locales, a quienes constantemente se les exige cumplir con regulaciones, al nuevo sistema de transporte marítimo no se le han aplicado los mismos criterios.

“A nuestros compañeros les revisan cada detalle, lo cual es correcto; pero al Marinabús apenas le colocaron unos salvavidas y cuatro llantas, sin garantizar la seguridad de los pasajeros”, expresó.

Zamora Cervantes advirtió que este servicio no puede considerarse como un transporte público, ya que carece de rutas troncales, terminales en la bahía y conectividad con las colonias, limitando su recorrido únicamente de Puerto Marqués al malecón.

“No hay cómo llevar a la gente desde sus comunidades a los muelles, ni tampoco infraestructura que respalde un sistema real de movilidad”, agregó.

El dirigente de los prestadores también señaló que el proyecto fue impulsado sin tomar en cuenta la opinión de los prestadores de servicios náuticos, quienes desde hace meses han expresado su inconformidad ante este medio de transporte.

En este sentido, denunció que se ha dado una narrativa engañosa a la presidenta de la República, a quien se le presentó el proyecto como una solución de movilidad y turismo. Aseguró que si bien el sector apoya la inversión federal y el desarrollo, no puede aceptarse una iniciativa que genere competencia desleal o que desplace a quienes han trabajado por años en el servicio náutico.

Planteó que, en caso de existir un interés mayor que justifique la implementación del “Marinabús”, el gobierno debería considerar mecanismos de apoyo o indemnización a los prestadores afectados, como ha sucedido en otros sistemas de transporte público en el país.