La juez federal Raquel Duarte Cedillo ordenó la liberación inmediata de Pedro Segura Valladares, empresario guerrerense y excandidato a la gubernatura, al determinar que la Fiscalía General de la República (FGR) no aportó pruebas suficientes para sostener la acusación de delincuencia organizada en su contra, dentro de las investigaciones del caso Ayotzinapa.
Segura Valladares, recluido desde el 12 de agosto en el penal de máxima seguridad del Altiplano, fue señalado por testigos protegidos bajo los seudónimos “Carla” y “Polo”, además de Ernesto Pineda Vega, presunto miembro de Guerreros Unidos, quienes lo acusaron de haber prestado su hotel “Vida en el Lago”, ubicado en Tepecuacuilco, para actividades de narcotráfico y como refugio de integrantes de la organización criminal. Uno de los testimonios incluso lo relacionaba con la retención de cuatro normalistas, aunque en este proceso no se le imputó desaparición forzada.
La juez consideró que dichos testimonios, junto con intentos de la FGR de vincularlo a operaciones financieras de Guerreros Unidos en Guerrero y Chicago, no cumplían con el estándar mínimo de prueba.
La resolución representa un primer revés judicial para Mauricio Pazarán, quien asumió en julio la titularidad de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA). Esta instancia tiene un plazo de diez días para apelar la decisión ante un tribunal colegiado.
La detención del empresario había provocado movilizaciones en Guerrero. El fin de semana, unas 500 personas marcharon en Iguala y Chilpancingo en demanda de su liberación, denunciando que el proceso respondía a una persecución política.
Pedro Segura es conocido en la región por su faceta filantrópica, al organizar rifas de automóviles, entregar motocicletas y laptops, además de haber competido por la gubernatura en 2021 impulsado por el PT y el PVEM, partidos que se deslindaron tras su captura.