Más de 300 ejidatarios del municipio de Azoyú demandaron al gobierno federal una indemnización por los daños causados por la modernización y ampliación de la carretera 200 en el tramo de Las Vigas a los límites con Oaxaca.
Lo anterior porque a pesar de que en esa obra se invirtieron 4 mil 600 millones de pesos, no se destinó un peso para dar una indemnización a los ejidatarios afectados con esas obras.
Este viernes Nancy Navarro Téllez y Bryan Aburto Morán, abogados de más de 300 ejidatarios de Azoyú explicaron que son solo una parte de más de mil ejidatarios de 10 municipios de Guerrero que fueron afectados por la obra y quienes reclaman al gobierno federal una indemnización.
En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se inició la modernización y ampliación de 126 kilómetros de la carretera 200 en el tramo Las Vigas a los límites con Oaxaca, a través de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) quien contrató a empresas privadas para realizarla.
Recién en julio del año pasado, López Obrador acompañado de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda inauguraron la obra con un acto simbólico en Cuajinicuilapa.
Los abogados informaron que a la fecha en las afectaciones en los predios o terrenos de los ejidatarios de Azoyú no han sido “expropiados ni mucho menos se le ha instaurado un procedimiento para la regularización de sus tierras en favor de la federación”.
Explicaron que cuando hay una regularización en favor del gobierno, este tiene que promover un procedimiento expropiatorio “porque al ser materia agraria, se tiene que regular por la Ley Agraria y su ordenamiento en materia de ordenamiento de la propiedad rural”.
Lamentaron que la SICT haya realizado esa obra “y nunca indemnizaron al ejido y es por esto que los ejidatarios, ya molestos y desesperados por la situación, pues llevan dos años esperando que se les hagan valer sus derechos”.
Informaron que promovieron un juicio de amparo y se les otorgó “la suspensión de plano, que tiene como efectos que se dejen de realizar actividades en este terreno, ya que de esta manera se dejaría de afectar el patrimonio de los sujetos agrarios en cuestión, así como también se reclama a través del juicio de amparo la omisión de derechos ambientales y de protección civil, ya que el reglamento de la ley agraria señala requisitos de expropiación, y que son indispensables para el correcto funcionamiento de una carretera”.
Denunciaron que la SICT “no ha realizado correctamente ninguno de estos procedimientos, por lo tanto, no puede integrar ningún expediente y, en consecuencia, no pueden expropiar, ni pagarle a los ejidatarios”.
Afirmaron además que hay “negligencia” de la SICT porque el avalúo que le hicieron a esas tierras ejidales, “no está siendo justo, por lo que hablamos de una cuestión inconstitucional” y pidieron la intervención de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo en este problema.