* Advirtió que la fiscalización de recursos públicos ha sido usada con fines políticos, por lo que llamó a fortalecer la institucionalidad de los entes auditables
Alejandro Gómez
El ex presidente municipal de Acapulco, Alberto López Rosas, reconoció que la fiscalización de recursos públicos manejados por los gobiernos siempre se ha politizado y el tema es utilizado para debilitar adversarios o bien se manipula favorablemente para exonerarlos, por lo que es necesario llevar a cabo la formalización de las instituciones fiscalizadoras porque de lo contrario solamente se generará confusión entre la sociedad.
Puso como ejemplo de ello los casos claros de varios ex alcaldes del puerto que han sido exonerados y bajo esa premisa, insistió en que los entes fiscalizadores de ninguna manera deben asumir comportamientos partidistas en sus actuaciones, con la finalidad de recuperar el respeto para que se audite y supervise el manejo correcto de recursos públicos, sin ninguna intención de ocasionar daño infundado o de venganza para detener los avances políticos de cualquier persona.
López Rosas se refirió al caso de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, a quien varios actores políticos la han señalado por la falta de comprobación de recursos por casi 900 millones de pesos y en ese sentido, dijo esperar un pronunciamiento de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) por tratarse de partidas presupuestales provenientes del gobierno federal, para aclarar si existe desfalco o no.
“Se supone que esa cantidad de dinero corresponde a recursos federales y por lo tanto la competencia para definir esa situación es la auditoria superior de la federación”, apuntó el ex legislador federal, al señalar que hasta el momento no ha encontrado ninguna definición por parte de ese ente fiscalizador ante los señalamientos de la falta de comprobación, lo que propicia confusión y desorientación ciudadana.
Puntualizó que no se puede ni debe partir de supuestos en el caso de López Rodríguez porque ello generaría desconcierto entre la comunidad, aunado a que 900 millones de pesos “no se ocultan bajo el colchón” y tampoco corresponde a una cifra monetaria de la cual la autoridad fiscalizadora como lo es la ASF no tenga una opinión hasta el momento, “no se ha escuchado una definición de ello y por lo tanto no se podría considerar muy seria esa acusación hasta no tener los elementos”.
En el tema político, Alberto López Rosas reconoció que la confrontación pública, política y mediática de la presidenta municipal del puerto con un grupo interno de Morena por el tema de la comprobación de recursos, estará generando restas en lugar de sumas hacia el instituto guinda, poniendo en riesgo muchos niveles de confianza.