La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió este domingo una recomendación a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por tortura, que es considerada una de las violaciones graves a los derechos humanos en agravio de dos personas en Guerrero por parte de persona. Del 40 Batallón de Infantería y que cometieron en el 2012.
Este domingo la CNDH publicó esta recomendación dirigida al titular de la Sedena, Ricardo Trevilla Trejo y contra elementos de ese Batallón ubicado en Cutzamala en la región de la Tierra Caliente.
En el expediente público se omitió informar del nombre de las víctimas,
En el expediente se informa que la primera víctima fue detenida el 16 de octubre del 2012 en las inmediaciones de los poblados de El Characo y Cunde en la región de la Tierra Caliente por elementos del Grupo Aéreo de Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Gafe) y del Grupo de Análisis de Información del Narcotráfico (Gain) y lo trasladaron a la FGR en la Ciudad de México.
Denunció que desde el momento de su detención hasta su puesta a disposición ante la autoridad ministerial, “sufrió diversos actos que atentaron contra su integridad por parte de los elementos que lo aprehendieron, personal militar y personas vestidas de civil. Entre estos se mencionan agresiones físicas en diferentes partes del cuerpo, aplicación de posiciones forzadas, métodos de privación de libertad y de la estimulación sensorial, así como amenazas relacionadas con su vida y la de su familia”.
Actualmente la víctima se encuentra preso en el penal de alta seguridad de Ramos Arizpe, Coahuila y luego de un proceso judicial en la CNDH pudo acreditar las violaciones de las que fue objeto y se identificó a 10 militares del Gafe y Gain como responsables de actos de tortura, los cuales no serán sancionados porque la misma CNDH aceptó que “el procedimiento de responsabilidades administrativas prescribió, por tratarse de hechos sucedidos en 2012”.
Pero advirtió “que no resulta un impedimento para conocer de las violaciones a derechos humanos y más tratándose de un hecho de tortura, por lo que permanecerá vigilante de las acciones de investigación en materia penal con el fin de que la autoridad competente esclarezca la participación de cada una de las personas servidoras publicas involucradas en los hechos violatorios a derechos humanos, se les sancione conforme a derecho y no vuelvan a ocurrir”.
Y consideran “procedente la reparación integral de los daños ocasionados en los términos siguientes: medidas de rehabilitación para facilitar a las víctimas y familiares hacer frente a los efectos sufridos con motivo de las violaciones a sus derechos humanos”.