La reciente entrada en vigor de la nueva Ley de Propiedad en Condominio del Estado de Guerrero, publicada el pasado 28 de mayo, ha generado preocupación entre miembros de la comunidad jurídica, quienes señalan que, aunque el cambio era necesario, el texto presenta deficiencias que podrían traducirse en múltiples problemas legales, amparos y conflictos operativos.
Así lo comentó Pablo Andalon Sotelo, abogado, administrador de condominios y expresidente de la Barra de Abogados de Acapulco.
En entrevista con medios de comunicación, Andalon Sotelo informó que un grupo de abogados especializados en materia condominal ha entregado al Congreso del Estado una propuesta de reformas a la ley, con el objetivo de corregir errores de fondo y forma.
En esta mesa de trabajo participaron representantes de los tres poderes del Estado: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, hecho que fue calificado como inédito por los participantes.
Entre los asistentes estuvieron los diputados Jesús Parra Parra y Jorge Salgado Parra, así como asesores jurídicos del Gobierno estatal.
El litigante explicó que la imposición de cuotas iguales para todos los condóminos, sin considerar la diversidad de tamaños entre unidades habitacionales, especialmente en zonas turísticas donde las propiedades pueden variar de 80 hasta 800 metros cuadrados.
“No podemos pretender que todos paguen lo mismo cuando las condiciones son distintas”, comentó.
Asimismo, criticó que la ley contemple el uso del juicio ejecutivo mercantil para la cobranza de adeudos, cuando tradicionalmente estos procesos se han dirimido por la vía civil. Según Andalon, este cambio podría abrir un campo de controversias legales, al aplicar normas federales que no corresponden a la naturaleza jurídica de los condominios.
En otros temas, comentó que hay inquietud la intención de que la Secretaría de Finanzas del Estado certifique a los administradores de condominios, lo que representa una intromisión indebida.
“No somos funcionarios públicos. Muchos de nosotros ya contamos con certificaciones federales válidas, como la emitida por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), y no tiene sentido que una autoridad estatal pretenda desconocerlas”, comentó.
Finalmente, Andalon subrayó que la propuesta de reformas fue elaborada sin fines lucrativos y con un enfoque técnico-jurídico. “No buscamos beneficios personales. Queremos colaborar con el Estado para construir una ley más justa, funcional y adecuada a la realidad guerrerense. Esta es una oportunidad de mejora y confiamos en que el Congreso sabrá escuchar estas voces”, concluyó.