Más de 500 familias de Puerto Vicente Guerrero, en la región de la Costa Grande de Guerrero, se encuentran en la incertidumbre y preocupación un intento de desalojo promovido por autoridades federales.
Con una circular sin firma oficial, repartida de forma irregular y sin una estructura legal formal, fue como se enteraron que personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), les solicitaban a los prestadores de servicios turísticos, pescadores y habitantes que por décadas han construido ahí su vida y mantienen su sustento económico, que desalojaran la zona sin informarles cuál será el destino de sus espacios.
En conferencia de prensa, miembros de la Asociación de Prestadores de Servicios Turísticos y Comercios de Puerto Vicente, denunciaron que el documento, dejado sin previo aviso en puertas y negocios, exige la desocupación inmediata de mobiliario de playa, lanchas, bananas y edificaciones.
Durante su intervención José Martínez Espino, representante de la asociación, señaló que el aviso fue interpretado como un “buscapié” por parte de Profepa para medir la reacción de la comunidad.
“Nosotros nunca nos hemos negado a regularizarnos, siempre hemos pagado derechos por el uso de la zona federal. Por eso nos sorprende que nos envíen un documento informando que nos tenemos que ir”, afirmó.
Actualmente en la zona turística de Puerto Vicente operan siete cooperativas pesqueras, 19 restaurantes, tres hoteles, y 52 viviendas que datan de más de 30 años, muchas habitadas por mujeres jefas de familia. Los representantes informaron que la economía del pueblo depende en gran medida del turismo, la pesca y la actividad comercial generada por eventos como el Torneo Internacional del Pez Vela, que cada año atrae a visitantes de toda la región y moviliza la economía local.
Por su parte, el abogado Juvenal Zara, quien representa legalmente al comité comunitario, comentó que existe una base sólida para la defensa jurídica, así como documentos que avalan que durante años los prestadores de servicios turísticos han estado operando y cubriendo pagos ante las autoridades de manera normal.
“No negamos que la ocupación sea irregular, pero hay registros catastrales, licencias municipales, contratos de luz y certificaciones notariales que prueban una posesión legítima”, explicó.
Criticó que las autoridades de la PROFEPA intenten borrar décadas de presencia con argumentos administrativos, sin considerar la dimensión social y económica que podría generar este conflicto.
Finalmente, el representante legal también denunció que la falta de información oficial y la improvisación con la que se ha manejado el proceso ha generado “miedo legítimo” entre las familias que habitan Puerto Vicente.
“No hay un plan de reubicación, no hay propuestas de reacomodo, sólo incertidumbre. No estamos en contra del desarrollo, pero queremos un desarrollo con justicia social”, concluyó.