Integrantes del Centro de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón” exigieron a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Guerrero (CEAV-Gro) la homologación del apoyo económico para la canasta básica, que actualmente es de dos mil pesos, con el que otorga la federación, que supera los cuatro mil pesos, a los familiares de personas desaparecidas, desplazadas y asesinadas.
Durante una conferencia de prensa, Casiana Nava Rodríguez, Celi Guzmán y Saúl Badillo, representantes de la organización, señalaron que la falta de recursos afecta principalmente a familias indígenas y rurales que enfrentan una severa escasez de alimentos y condiciones de vida.
“El apoyo actual no cubre ni las necesidades mínimas, las familias no solo enfrentan la desaparición de un ser querido, sino también padecen hambre, discriminación y aislamiento social”, declararon.
Los activistas advirtieron que la desaparición forzada es una práctica sistemática en Guerrero y aseguraron que más de 4,500 familias en el estado han sido afectadas.
Indicaron que esta situación representa una violación de derechos humanos con implicaciones sociales, culturales y territoriales.
“La desaparición forzada aquí no es un hecho aislado, es un mecanismo de control social y despojo y es triste que las mismas autoridades locales y federales permitan que esto crezca cada día”, reprocharon.
Como parte de su lucha por la justicia y el reconocimiento de los derechos de las víctimas, el Centro Morelos se unirá al Colectivo de Víctimas de Chilapa y Pueblos Indígenas, el Instituto Mexicano de Derechos y Democracia (IMDHD) y Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C. (Idheas) para presentar el proyecto “Árbol Biográfico de Personas Desaparecidas y Asesinadas en la Montaña Baja de Guerrero”.
El evento, tendrá lugar el próximo lunes 28 de octubre en el Monumento a Las Banderas de Chilpancingo y tiene como objetivo visibilizar las historias de las víctimas y sus familias, luchando contra la estigmatización y criminalización que enfrentan.
Asimismo, exigieron la aprobación de una Ley en Materia de Desaparición de Personas en Guerrero y la creación de un presupuesto específico dentro del gasto estatal para garantizar la búsqueda, localización y reparación del daño a las familias de las víctimas.
“No es solo pedir justicia, es exigir lo que por derecho corresponde a quienes lo han perdido todo y a quienes hoy en día viven en condiciones de profunda vulnerabilidad”, señalaron.