Jesús Saavedra

Para justificar la reforma Judicial, el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador retomó la exhibición pública de jueces federales quienes han dejado en libertad o cambiado de medida cautelar a presuntos delincuentes, entre ellos el ex Procurador, Jesús Murillo Karam acusado de tortura en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Este martes en la conferencia matutina en Palacio Nacional el gabinete de Seguridad y de Gobernación encabezaron una exposición de actos de corrupción, de nepotismo y de actuaciones indebidas del poder Judicial en el marco de la discusión de esa reforma a la Constitución que se discute en el Senado.

La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez Velázquez le tocó exponer sobre jueces federales que dejan en libertad o cambian medidas cautelares a presuntos delincuentes de alto perfil, “que la población sepa qué clase de jueces tenemos; que no tienen consideración con las víctimas es el tipo de jueces que a veces toman decisiones en contra de una víctima”.

Uno de esos casos fue el de Jesús Murillo Karam quien fue vinculado a proceso en abril del año pasado por delitos de desaparición forzada de personas y tortura por su actuación en las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas en Iguala en septiembre del 2014.

Explicó que el 4 de abril los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolvieron un recurso de revisión de los abogados de Murillo Karam para que dejara la prisión y enfrentar su proceso en prisión domiciliaria.

La funcionaria federal indicó que “precisamente por el caso Ayotzinapa, le dieron el cambio de medida cautelar y esta situación de concederle la prisión domiciliaria se traduce en una situación que tiene que ver con los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito”.

Detalló que se trata de tres magistrados “y los magistrados que votaron a favor de cambiar la medida cautelar de prisión preventiva a prisión domiciliaria fueron Juan José Olvera y Horacio Armando Hernández, en contra votó el juez Francisco Javier Sarabia Asencio” y que le dieron al gobierno federal un plazo de 24 horas para cumplir esa resolución.

El gobierno de López Obrador omitió explicar también que jueces federales han cambiado la medida cautelar a once militares que están acusados de tener responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas en Iguala.