Jesús Saavedra

Es muy preocupante que el presidente Andrés Manuel López Obrador asuma una defensa a ultranza del Ejército y “muy peligroso” que al final de su sexenio haya iniciado una campaña de denostación contra miembros de organismos defensores de derechos humanos a quienes ha tildado de “lucradores del dolor ajeno”, afirmó el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña ‘Tlachinollan’, Abel Barrera Hernández.

“Es preocupante la postura que ha asumido el presidente en el sentido de exonerar al Ejército” de toda responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, en septiembre del 2014, dijo el activista.

Explicó que López Obrador “dice que no es el Ejército, no es el instituto castrense, son 3, 4, 5 elementos”, pero recordó que “hay jerarquías, hay órdenes superiores, principios de lealtad y obediencia, tienen una disciplina castrense donde se establece que un elemento no actúa por sí solo”.

Barrera Hernández precisó que “en el caso de Ayotzinapa, el hecho que le les haya dado seguimiento, que hubiese acciones de inteligencia, que militares estuvieran asignados a la Normal de Ayotzinapa como estudiantes y recibían un sueldo”, indica que había órdenes de mandos superiores.

Precisó que “hay toda una estrategia en el Ejército de asignar a personas que tienen una responsabilidad relacionada con la contrainsurgencia, no podemos aislar a 5 o 6 personas, porque sabemos que actúan en espíritu de cuerpo, no actúan por cuenta propia”.

Sostuvo que se señala que “algunos mandos militares establecieron vínculos con el crimen organizado”, lo que “es una falta de transparencia, de rendición de cuentas, de falta de controles en términos de pactos y alianzas del Ejército ha hecho mucho daño en Guerrero, y no hablamos de la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala en 2014”.

Explicó que se trata de la actuación del Ejército desde la década de los 70’s en la llamada ‘guerra sucia’, cuando “el general Arturo Acosta Chaparro aparte de comandar la guerra sucia, de asesinar y desaparecer, al mismo tiempo estableció vínculos con la delincuencia organizada y más bien asentó una estructura delincuencial que permitió que Guerrero se transformara en un laboratorio para procesar droga y llevarla a los Estados Unidos”.

Barrera Hernández dijo que “estamos hablando de una estructura delincuencial que se enquistó dentro del Ejército, hay una componenda, donde cada elemento tiene una función dentro de este tinglado institucional, es un problema fuerte”.

Por ello señaló que es preocupante que el presidente López Obrador “ha optado por proteger al Ejército, por exonerarlo y por desacreditar el trabajo de los organismos civiles de derechos humanos, de no valorar nuestro trabajo, nuestro compromiso, decir que somos seudo defensores, lucradores del dolor ajeno”.

Consideró que esa campaña de denostación “es muy peligrosa,porque la palabra presidencial pesa mucho y un mal mensaje que manda a la sociedad, porque nos deja inermes y se borra de tajo lo que hemos hecho por ejemplo en la Montaña, de acompañar a los pueblos y ayudarlos, como que eso no sirve y como si hubiésemos surgido en la 4T para cuestionar acciones de gobierno, y que antes no hacíamos nada. Tenemos mucho tiempo trabajando y levantando la voz antes de la 4T”, precisó.

También se refirió a la salida de Alejandro Encinas Rodríguez de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y la calificó como “un estancamiento, genera incertidumbre, sabemos que el presidente hizo un nombramiento, es una persona que viene de una Procuraduría Fiscal que es obvio que su perfil está enfocado a otros temas. El tema de los derechos humanos y de las víctimas requiere conocimientos del tema, establecer una relación de confianza, de cercanía, de compromiso, de seguimiento”, afirmó.

Agregó que la renuncia del también presidente de la Comisión de la Verdad y la Justicia del Caso Ayotzinapa, quien tenía a su cargo la investigación por la desaparición de los 43 normalistas, de la guerra sucia, de los desaparecidos, de víctimas de la violencia, “no sabemos si esto se puede desfondar en términos del acompañamiento, de generar un vacío, incertidumbre, caos, eso es lo que preocupa”.

Señalo que los organismos defensores de derechos humanos y colectivos que buscan a desaparecidos tienen claro que “hay que trabajar con quien esté asignado en el cargo, pero es obvio que reiniciar el proceso, las relaciones, a final de sexenio, viene el proceso electoral, van a quedar desdibujados todos estos temas rumbo a la transición de una verdadera justica. Por eso decimos que se estanca, se empantana o se desfonda, estamos en una coyuntura no muy propicia para impulsar la agenda que está pendiente”, señaló.