MÉXICO. —El aumento en las muertes por consumo de fentanilo en la población estadounidense ha generado críticas y cuestionamientos a la estrategia de seguridad de México para frenar el narcotráfico en la frontera entre ambos países. La Federación de Científicos Americanos (FAS) ha expresado su preocupación por la “incoherencia” en las operaciones antinarcóticos llevadas a cabo por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Un artículo en el repositorio del Congreso estadounidense advierte que, a pesar de las promesas de campaña de AMLO de abordar los problemas relacionados con el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales (OCT) de manera diferente, su enfoque en el uso del ejército y de la Guardia Nacional dirigida por militares para combatir estas problemáticas ha sido cuestionado.
La expansión de los cárteles mexicanos en la producción y el tráfico de opioides sintéticos desde 2018, cuando AMLO asumió el cargo, ha sido un tema preocupante. A pesar de su promesa de no emprender una “guerra” contra los cárteles, AMLO ha evitado acciones policiales a gran escala, lo que ha resultado en una disminución de la cooperación entre Estados Unidos y México en materia de aplicación de la ley.
La violencia en México ha continuado en niveles alarmantes, y algunos observadores estiman que el mandato de AMLO probablemente será uno de los más violentos en la historia reciente del país. Hasta un 65% de todos los homicidios en México se relacionan con el crimen organizado, y la gran cantidad de delitos no denunciados sugiere que las muertes atribuidas a la delincuencia organizada pueden ser aún mayores.
La creación de la Guardia Nacional ha suscitado preocupaciones en la comunidad de derechos humanos, ya que involucra a militares en tareas de seguridad pública y presenta desafíos en la preparación de esta fuerza para enfrentar las tácticas violentas de los cárteles.
La corrupción sigue siendo un problema importante en México, a pesar de las promesas anticorrupción de AMLO. Casos significativos de corrupción han quedado impunes, y la percepción de corrupción no ha mejorado de manera significativa.
Los ataques a periodistas y la preocupación internacional por la muerte de once periodistas en 2022 han generado inquietudes sobre la libertad de prensa y los derechos humanos en el país.
La política sanitaria conocida como Título 42 ha aumentado el número de migrantes devueltos a México, lo que ha provocado tensiones en ciudades fronterizas con altas tasas de homicidio. Los migrantes y los residentes de estas ciudades se han convertido en víctimas frecuentes de delitos violentos, y la lucha territorial entre cárteles ha generado violencia en toda la región fronteriza.