El Gobierno Federal ha presentado un nuevo informe sobre los trágicos eventos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, en los cuales desaparecieron 43 estudiantes normalistas y se produjeron al menos seis homicidios adicionales.
En esta nueva narrativa respaldada por la Cuarta Transformación, se pone un fuerte énfasis en la presunta responsabilidad de las fuerzas de policía municipales, especialmente de Iguala, Huitzuco y Cocula, debido a sus presuntos vínculos con el crimen organizado, en particular con el cártel Guerreros Unidos.
Este enfoque ha sido objeto de críticas por parte del abogado de los padres de los normalistas, Vidulfo Rosales, y de los mismos padres, quienes argumentan que esta narrativa vuelve a criminalizar a los estudiantes.
A diferencia del informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, publicado en agosto de 2022, en el que se reconocía que históricamente los estudiantes de la Normal habían adoptado posturas confrontacionales hacia las autoridades gubernamentales, y se promovían actividades de presión para resolver sus demandas, la nueva narrativa sugiere que esto llevó a que fueran objeto de seguimiento por parte de las autoridades municipales, estatales y federales.
Además, el informe actual revela que uno de los normalistas desaparecidos, Bernardo Flores Alcaraz, alias “El Cochiloco”, era primo de “El Takia”, quien supuestamente tenía vínculos con el cártel “Los Rojos”, principal rival de Guerreros Unidos.
Este nuevo enfoque difiere del informe de 2022, que implicaba una mayor responsabilidad de las fuerzas de seguridad estatales y federales en los eventos.
Además, el informe de 2022 señalaba que todas las autoridades gubernamentales, desde los niveles municipal, estatal y federal, hasta el gobierno de Guerrero, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), estaban al tanto de los hechos, lo que los hacía responsables por acción, omisión o negligencia.
También se mencionaba que uno de los normalistas desaparecidos, Julio César López Patolzin, era un militar activo de la Sedena infiltrado en las actividades de los estudiantes, lo que llevó al Ejército a implementar acciones inmediatas de búsqueda y rescate después de su desaparición.
En el nuevo informe, se describe en detalle cómo las policías municipales entregaron a los estudiantes a Guerreros Unidos, y se menciona la participación del capitán José Martinez Crespo del 27 Batallón de Infantería en la captura y entrega de algunos estudiantes.
Sin embargo, no se hace referencia a una mayor participación del Ejército, policías estatales, federales o ministeriales, como ocurría en el informe de 2022. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) también había señalado en informes anteriores la amplia participación de las fuerzas de seguridad estatales y federales en los eventos, mientras que la Sedena y el CISEN habían sido criticados por su presunta falta de cooperación y apagón informativo.
El secretario de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, ha defendido que el Ejército ha proporcionado toda la información requerida para la investigación y ha facilitado la comparecencia de militares ante la FGR.
Además, afirmó que el Ejército entregó más de 18,000 hojas de documentos solicitados por las entidades involucradas en la investigación.
A pesar de estos esfuerzos, persisten tensiones y disputas en torno a la investigación del caso Ayotzinapa.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) denunció recientemente un bloqueo de información por parte de la Sedena, lo que ha llevado a críticas y cuestionamientos sobre la falta de verdad y justicia en este caso, nueve años después de los trágicos sucesos en Iguala, Guerrero.