Jesús Saavedra
La embajadora principal del Centro Comunitario y la Casa de la Niñez ‘Guwa Kuma’ Casa de los Saberes, en Ayutla de los Libres, Inés Fernández Ortega, pidió a las autoridades de los tres niveles de gobierno que canalicen los recursos necesarios para el funcionamiento de esa institución.
La mujer originaria de la comunidad de Barranca Tecoani, en ese mismo municipio, fue víctima de abuso sexual por parte de un elemento del Ejército, el 22 de marzo del 2002, luego de que militares irrumpieron con violencia en su casa.
Por ese delito, ante la inacción de las autoridades del país, Fernández Ortega y sus abogados decidieron recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que le otorgó la razón y sentenció a las autoridades de México a castigar ese delito y reparar el daño cometido contra la indígena tlapaneca.
Una de las resoluciones de la CIDH para garantizar la no repetición de esos abusos, fue la construcción y operación del Centro Comunitario y la Casa de la Niñez ‘Guwa Kuma’ Casa de los Saberes, el cual fue inaugurado un 21 de septiembre del 2021.
A ese acto acudieron funcionarios de la ONU; el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación federal, Alejandro Encinas Rodríguez, y el entonces gobernador Héctor Astudillo Flores. Las autoridades presentes ese día se comprometieron a procurar recursos para el buen funcionamiento de este Centro.
Este jueves, Inés Fernández, presidenta y coordinadora de ese Centro encabezó una conferencia de prensa vía Facebook en la que hizo un llamado a las autoridades para que se destine un presupuesto propio para la operación y funcionamiento pleno de este lugar.
Recordó que “construimos un modelo de cómo queremos que funcione este lugar, una doctora que atienda a víctimas de violencia, es urgente y necesario garantizar el salario de los profesionistas que aquí laboran”.
Explicó que el año pasado solo se les pagaron 6 meses a los trabajadores del centro y que para este año solo se tiene presupuesto cubierto para pagar 9 meses de salarios. “Se debe garantizar los salarios y las actividades que aquí realizamos”, añadió.
Una de las trabajadoras del Centro, Lucía Mateos González, explicó que en el lugar se atiende a 37 niñas de comunidades de Acatepec y Ayutla que tienen un albergue para vivir y comer, mientras cursan sus estudios de educación básica y hasta el bachillerato.
Dijo que el proyecto es atender a 80 niñas, pero no hay capacidad financiera para sostenerlas, que no cuentan con una sala de cómputo y que solo tienen garantizada su alimentación de lunes a viernes. Los sábados y domingos se realizan esfuerzos extraordinarios para atender a esos menores en situación de vulnerabilidad, y pidió además que haya una dotación urgente de equipo médico y medicamentos,
Marbella de los Santos e Idalis Alejandro, a nombre de las niñas que viven en ese albergue, pidieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno que se les garantice una atención adecuada.
A nombre del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (Paimef), Enoc Zavaleta Hernández, dijo que como autoridades les “corresponde cumplir en la medida de lo posible que el Centro funcione, Paimef es un programa de apoyo a mujeres en situación de violencia, esfuerzo que se dote del equipamiento que se necesite, reconocemos que nos falta mucho qué hacer y poco a poco vamos a ir caminando de la mano”, y admitió que “solo se logró pagarles 9 meses a los trabajadores”.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña ‘Tlachinollan’, Abel Barrera Hernández, reconoció el trabajo de Inés Fernández al frente del Centro y consideró necesario que las autoridades garanticen a las niñas y niños beneficiarios de este Centro “un albergue para su formación y se haga justicia a las nuevas generaciones”.