En un acto de protesta en el municipio de Arcelia, ubicado en la Tierra Caliente de Guerrero, pobladores y presuntos transportistas demolieron unas instalaciones de la Agencia del Ministerio Público. La demolición se llevó a cabo con máquinas pesadas alrededor de las 9 de la noche.
El vocero de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carlos Monje, aclaró a El Universal, que el edificio que fue derribado eran oficinas anteriormente rentadas como parte de la agencia del Ministerio Público, pero ya no estaban en funcionamiento, no contaban con personal ni material de la FGE. Las oficinas en pleno funcionamiento se encuentran en Coyuca de Catalán.
Este acto de demolición se suscitó después de un incidente en el que un convoy militar presuntamente atropelló a un joven en la comunidad de Cuahulotitlán, municipio de Tlalchapa. El joven, identificado como Miguel Ángel, falleció posteriormente mientras recibía atención médica.
Tras el atropellamiento, un grupo de pobladores y presuntos transportistas protestó ante el convoy militar. En un momento de la protesta, los soldados quedaron encerrados en una calle del centro de Arcelia. Para dispersar la protesta, los militares realizaron disparos al aire y al suelo, incluso contra camiones de volteo que la gente había cruzado para bloquear a los militares.
Esto ocurre tras el aseguramiento de distintas propiedades, vehículos, armamento, drogas y equipo táctico decomisado en la región a grupos delictivos ligados presuntamente a la Familia Michoacana.