Las organizaciones que apoyan a las familias de los estudiantes de Ayotzinapa han denunciado que el General Rafael Hernández Nieto, involucrado en el caso y acusado de delincuencia organizada, ha recibido un trato inusualmente favorable al ser trasladado a prisión domiciliaria para enfrentar su proceso legal.
Estas organizaciones han expresado su preocupación por el tratamiento privilegiado que ha recibido el General Hernández Nieto en varias ocasiones.
En agosto de 2022, a pesar de haber sido acusado de delincuencia organizada, se suspendió de manera cuestionable la orden de aprehensión en su contra. Han censurado esta última decisión, considerándola otro ejemplo de impunidad, que se suma a otros acontecimientos como la negativa de las fuerzas armadas a proporcionar documentos necesarios al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Argumentan que estos hechos demuestran cómo, en este sexenio, el Ejército mexicano ha adquirido un poder desequilibrado que obstaculiza la búsqueda de la verdad y la justicia en casos de violaciones a los derechos humanos, contradiciendo las promesas de esta administración.