Josefina Aguilar
Elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y policías del Gobierno de la Ciudad de México, agredieron y amenazaron a la madre y hermanas de Ayelin Iczae Gutiérrez Marcelo, víctima de feminicidio en Tixtla; cuando pernoctaban en el plantón que mantienen en la calles afuera de la Secretaría de Gobernación en la CdMx.
De acuerdo con activistas, los hechos ocurrieron la noche del sábado 5 de agosto, cuando hombres que vestían uniforme negro y otros de civil, irrumpieron en el plantón de víctimas que se encuentra sobre la calle Abraham González, afuera de la Segob.
En dicho plantón se encuentran víctimas con demandas diferentes; mujeres desplazadas por violencia en Guerrero, víctimas de tortura y de violación por parte del Ejército Mexicano y víctimas indirectas de feminicidios.
Algunos de los hombres se dirigieron directamente a la camioneta camper en la que pernoctaban una niña de 6 años, una joven de 18 y su madre, quienes son hermanas y madre de la menor Ayelin Iczae Gutiérrez Marcelo, asesinada en Tixtla, quienes se encuentran en situación de desplazamiento forzado debido a la violencia que se vive en Guerrero.
La policía rodeó la camioneta, golpearon la puerta y las obligaron a abrir, con violencia entraron a la camioneta una mujer y varios hombres, y a golpes y jalones las sacaron de ahí.
A la joven le apretaron los senos al grado de causarle hematomas y marcas evidentes, y provocarle un esguince en el tobillo, mientras que a la niña le apachurraron dejándola con un dolor en el pecho.
De acuerdo con las víctimas, nadie les dijo por qué se realizaba el operativo y ninguna autoridad presentó ninguna orden de desalojo. Otras personas que estaban en el plantón trataron de intervenir para defenderlas, por lo que también fueron agredidas, entre ellos el señor Juan Eduardo Hernández Tovar, cuya familia vive amenazada por buscar justicia para su hijo, a quien el Ejército mexicano torturó hasta dejarlo en situación de incapacidad física de por vida.
En los videos que lograron grabar se confirma la brutalidad y saña con la que actuaron los elementos de las fuerzas de seguridad federales y de la CdMx.
A Flora Marcelo, madre de las menores, le advirtieron que si continúa en el plantón enviarán a sus hijas a un albergue.
Además, los elementos se robaron la camioneta camper amarilla y blanca en la cual había papeles muy importantes del caso de Óscar Kabata, víctima directa del Ejército mexicano, siendo él menor de edad, quien lleva años buscando justicia para él y su familia, y castigo para el general Felipe de Jesús Espitia, quien cuenta con varias acusaciones por tortura, asesinato y desapariciones, y sin embargo vive en libertad con una pensión de 74 mil 577 pesos mensuales, según los registros de pensiones del gobierno de México.
Después de los hechos, solicitaron apoyo médico al Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), pero una patrulla impidió el paso a la ambulancia, por lo que los paramédicos tuvieron que llegar caminando a ver a las víctimas y su atención fue solo para constatar que sufrieron golpes e inflamación. También pidieron asistencia a la Comisión de Derechos Humanos local, pero el personal se presentó hasta el lunes 7 de agosto, dos días después de la agresión.
De todo ello, responsabilizan a Martí Batres Guadarrama y Omar García Harfuch, Jefe de Gobierno y secretario de Seguridad Pública de la CdMx, respectivamente, así como a Luisa María Alcalde Secretaria de Gobernación, y a Luis Sandoval, secretario de Defensa Nacional.
También acusaron a Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por criminalizar a las víctimas de la agresión en lugar de defenderlas.
Por eso, activistas exigen al gobierno federal y de la CdMx una explicación del porqué del operativo y quién los ordenó, así como justicia para todas las víctimas que están en plantón, así como la reparación del daño provocado en esta agresión y otras que han sufrido en los últimos años de búsqueda de justicia.
“Exigimos castigo a los elementos responsables de tocar a las niña y adolescente presentes en lo que podría construir un acto de violencia sexual y tortura; la devolución de las dos camionetas (..), que los elementos robaron el sábado, así como todas las pertenencias que también robaron del plantón”, exigieron.