Redacción
El caso Ayotzinapa “nos está mostrando la fragilidad del Ejército que, al igual que otras instituciones, ha sido totalmente permeado por la corrupción y por la delincuencia organizada”, aseguró Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala.
En declaraciones que hizo a Julio Astillero, el activista de Tlachinollan consideró que una de las causas por las cuales el Ejército se ha negado a poner a disposición de las autoridades civiles toda la información que posee sobre la desaparición de los estudiantes, es porque develaría “la colusión a grandes escalas” de los militares destacamentados en Iguala “con el grupo delictivo que operaba” en esa ciudad.
Dijo que otra razón para negar la existencia de pruebas que acreditan su participación no solo durante aquella noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, sino desde antes, es que “la Normal de Ayotzinapa ha sido un foco rojo” de insurgencia guerrillera desde los años 60.
Incluso afirmó que organizaciones como Centro de DerechosHumanos de la Montaña Tlachinollan han sido el “foco de atención” del Ejército, por considerarla como una fuente de cuadros para la guerrilla.
Sobre el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), opinó que “nos falta saber dónde 40 estudiantes y, lo más importan qué es lo que ocurrió quiénes perpetraron este acto. Necesitamos la información que dispone el Ejército para terminar de esclarecer y saber el lugar en donde se encuentran los estudiantes”, indicó.
Luego de que el GIEI acusara al Ejército de ocultar información en torno de la desaparición del caso Ayotzinapa, Rosales Sierra afirmó que el presidente “no quiere molestar” a las fuerzas armadas “porque ya no quiere dar documentación adicional”.
“No nos hemos encontrado con el presidente desde octubre de 2022, hemos solicitado una reunión desde que ya no se pudo avanzar con la información”, reprochó.