Gilberto Guzmán
El pleno del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero declaró existente la violencia política en razón de género cometida contra la regidora del Ayuntamiento de Coyuca de Benítez, Natividad Guadarrama Reyez, de Redes Sociales Progresistas (RSP), por parte del alcalde morenista Ossiel Pacheco Salas y otros funcionarios municipales.
En el proyecto de sentencia TEE/PES/003/2023, presentado por la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito y aprobado por unanimidad de votos, se asienta que se acreditó que se cometieron en contra de la denunciante diversos actos y omisiones que le obstruyeron el ejercicio de su cargo como regidora del ayuntamiento, así como expresiones verbales que actualizan la violencia verbal, simbólica, económica y psicológica.
Los actos de violencia política en razón de género fueron cometidos por Ossiel Pacheco Salas, Víctor Hugo Catalán Díaz, Silvia Talavera Organes, Romana Leonardo Apolonio, Yamireth Stephany Hernández Mazón, Esther Inés Ríos Soberanis, Brenda Berenice Bataz Pita y Jesús Antonio Zapata Castro, quienes ostentan el cargo de Presidente Municipal, Secretario de Bienestar Social, Secretaria General, Síndica Procuradora, comisionada en la Coordinación del Gabinete, Secretaria de Administración y Finanzas, Oficial Mayor y, Director de Recursos Materiales, respectivamente, del citado Ayuntamiento.
A través de la investigación realizada por la autoridad instructora, se concluyó que el presidente municipal omitió dar respuesta a las peticiones de la regidora sobre las condiciones en que recibió la administración en el tema de finanzas, nómina de empleados, parque vehicular, mobiliario, laudos laborales, y el monto del presupuesto del último trimestre del ejercicio fiscal 2021, así como la información relacionada con el desistimiento de la demanda laboral instaurada por la secretaria de Servicios Públicos.
Asimismo, el anterior secretario general, actualmente en funciones de secretario de Bienestar, incurrió en la omisión de proporcionar la información que solicitó la denunciante sobre el desistimiento del juicio laboral promovido por la secretaria de Servicios Públicos, diversas actas de cabildo de los meses de septiembre y octubre de dos mil veintiuno, así como copia del Reglamento Interno del Ayuntamiento.
De igual forma, la regidora denunció que fue agredida verbalmente mediante expresiones que la denostaron y minimizaron con el ánimo de no atender sus propuestas, las cuales fueron calificadas como tonterías o demagogia con la finalidad de inhibirla y desacreditarla ante los demás integrantes del Cabildo y la ciudadanía.
Por otra parte, el presidente y la síndica, así como la ex directora Jurídica, se negaron a proporcionar la información solicitada por la denunciante, evadiendo su responsabilidad sin sustento legal, afectando el derecho político electoral de la regidora para ejercer sus atribuciones previstas por la ley.
De la misma manera, la secretaria de Administración y Finanzas, sin razón alguna, suspendió el pago por concepto de fondo de trabajo y un reembolso, a partir de mayo de 2022; y la Oficial Mayor y el director de Recursos Materiales omitieron otorgar material de oficina y dar de alta al personal solicitado por la denunciante, lo que evidencia de forma fehaciente la obstrucción de las actividades de la regidora denunciante y de la Comisión que preside al interior del Ayuntamiento.
Por ello, las magistradas y el magistrado determinaron imponer al morenista Ossiel Pacheco Salas una multa de 10 mil 374 pesos, equivalente a cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), por haberse calificado la conducta como grave ordinaria.
Pero a los ciudadanos Romana Leonardo Apolonio, Víctor Hugo Catalán Díaz, Silvia Talavera Organes, Yamireth Stephany Hernández Mazón, Esther Ríos Soberanis, Brenda Berenice Bataz Pita y Jesús Antonio Zapata Castro, el TEEGRO sólo les impuso una amonestación, al haberse calificado su conducta infractora como levísima.
El alcalde gasta más en pachangas que en la multa
Al respecto, la regidora Natividad Guadarrama, informó vía telefónica que presentó la queja en junio del 2022 porque se le ha negado información propia del Ayuntamiento a la que tiene derecho como regidora.
“El Ayuntamiento está endeudado, hay varias personas que tienen demanda laboral, solicité la lista de los que tienen demanda laboral y se me ha negado completamente, de hecho, el presidente me ha dicho ‘hazle como quieras, la información no te la voy a proporcionar’”, indicó Guadarrama.
Agregó que las demandas laborales se presentaron en la actual administración que encabeza Ossiel Pacheco, lo cual representa un riesgo de afectación financiera para la administración coyuquense, pero el alcalde se ha negado a proporcionar la información correspondiente.
Sobre la multa de alrededor de 10 mil pesos impuesta por el Tribunal Electoral del Estado al presidente municipal, opinó que se le hace una cantidad absurda, porque a ella se le quitó el apoyo financiero desde mayo del 2022, y sobre eso considera que el Tribunal no mencionó el adeudo acumulado.
“Hay valoraciones psicológicas que están en el Tribunal y que no las tomaron en cuenta; en su momento los licenciados van a ver el paso a seguir, porque como dicen, gasta más el alcalde en una pachanga que en lo que va a pagar de multa”, concluyó la regidora.